La recuperación de 77 cuerpos de personas desaparecidas y la identificación de víctimas que durante años fueron reportadas falsamente como bajas en combate hacen parte de los resultados del proceso judicial que terminó con una nueva condena de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) contra cinco exintegrantes del Ejército Nacional.
La sentencia establece la responsabilidad de los militares en el asesinato y la desaparición forzada de 35 personas en Antioquia, entre 2002 y 2006. Por estos hechos, el tribunal determinó que se cometieron crímenes de lesa humanidad y homicidios en persona protegida, constitutivos de crímenes de guerra.
Entre las víctimas había campesinos, habitantes de calle y menores de edad. Varios fueron señalados falsamente de pertenecer a grupos guerrilleros y terminaron registrados como resultados operacionales de las Fuerzas Militares. Según las investigaciones, los asesinatos respondían a la presión por presentar cifras positivas en la lucha contra las organizaciones armadas ilegales, con incentivos para los uniformados como días de descanso y condecoraciones.
Uno de los casos documentados es el de Óscar Chaverra, quien fue engañado y trasladado desde Medellín hasta Dabeiba, donde fue asesinado y desaparecido. Sus restos fueron recuperados durante el proceso judicial, lo que permitió a su familia conocer su paradero después de años de incertidumbre.
Como parte de las sanciones impuestas, los cinco antiguos militares tendrán que participar en actividades de carácter restaurativo, entre ellas labores de búsqueda de desaparecidos y desminado humanitario. Estas medidas corresponden al modelo de justicia transicional de la JEP, que contempla sanciones alternativas a la prisión para quienes reconocen su responsabilidad, aportan verdad y contribuyen a la reparación de las víctimas.
Durante la lectura del fallo, la vicepresidenta de la JEP, Diana Vega, destacó el alcance de este proceso para las familias afectadas y la sociedad colombiana. "La verdad permitió saber qué ocurrió (...) El horizonte de esta sentencia es aportar a la no repetición, la reconciliación y la paz", dijo.
Por su parte, Esneda Altamirano, tía de una de las víctimas, participó mediante un video proyectado en la audiencia y expresó el significado de reconocer lo ocurrido: "La paz no consiste en que Colombia olvide lo que pasó, consiste en que tenga el valor de reconocerlo", manifestó.
Esta es la tercera sentencia emitida por la JEP desde su creación, en cumplimiento del Acuerdo de Paz firmado en 2016 entre el Estado colombiano y la extinta guerrilla de las Farc. El tribunal enfrenta actualmente cuestionamientos del presidente Abelardo de la Espriella, quien durante su campaña prometió acabar con esta jurisdicción y ahora impulsa recortes a su presupuesto.
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