La abstención de Colombia en una votación de la Organización de Estados Americanos (OEA), los pronunciamientos tardíos sobre los resultados electorales y la apuesta por la mediación diplomática son algunas de las actuaciones del gobierno de Gustavo Petro que quedaron bajo análisis en una investigación sobre la permanencia de Nicolás Maduro en el escenario internacional después de las elecciones venezolanas de 2024.
El señalamiento está contenido en el informe Laundering Maduro’s Legitimacy, elaborado por el Miranda Center for Democracy, una organización de análisis con sede en Estados Unidos. Sus autores sostienen que las decisiones de Bogotá contribuyeron a disminuir la presión diplomática sobre el gobierno venezolano, pese a las denuncias de fraude y la ausencia de resultados electorales verificables mediante la publicación de las actas.
Uno de los hechos examinados ocurrió el 31 de julio de 2024. Ese día, Colombia se abstuvo de votar una resolución de la OEA que solicitaba al Consejo Nacional Electoral venezolano divulgar los resultados desagregados de las elecciones. La propuesta recibió 17 votos a favor, pero no alcanzó los 18 necesarios para su aprobación.
El centro de estudios considera que la posición colombiana fue determinante en ese escenario, pues el voto favorable de alguno de los países que no respaldaron la iniciativa habría permitido alcanzar la mayoría requerida. También cuestiona que Petro tardara aproximadamente 55 horas en pronunciarse públicamente sobre los comicios, un periodo durante el cual otros gobiernos latinoamericanos ya reclamaban transparencia.
Otro aspecto abordado es la actuación conjunta de Colombia, Brasil y México, cuyos gobiernos promovieron una salida basada en la verificación de los resultados y el diálogo político. Para los investigadores, ese mecanismo terminó desplazando la exigencia de publicación inmediata de las actas y redujo la presión sobre la administración de Maduro.
El Miranda Center utiliza la expresión “blanqueo” institucional para describir lo que considera un conjunto de decisiones que ayudaron a normalizar la posición internacional del gobierno venezolano. No obstante, el propio análisis distingue entre los efectos de esas actuaciones y la existencia de una supuesta coordinación deliberada entre Petro y Maduro, que no da por demostrada.
La investigación también intenta explicar los intereses que, a su juicio, incidieron en la política exterior colombiana. En primer lugar, menciona las coincidencias políticas entre el mandatario colombiano y el chavismo, así como sus cuestionamientos a las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos a Venezuela.
En segundo lugar, señala los intereses energéticos, particularmente los acercamientos entre Ecopetrol y PDVSA y las posibilidades de importar gas venezolano. El tercer elemento corresponde a la política de Paz Total, debido al papel de Venezuela como país garante en los diálogos con el ELN y a la importancia de mantener canales de comunicación con Caracas para esos procesos.
Como respaldo de su evaluación sobre el contexto electoral, el informe incorpora las conclusiones del Centro Carter, que determinó que los comicios venezolanos no cumplieron los estándares internacionales de integridad electoral. La organización también cuestionó la falta de transparencia en la divulgación de los resultados.
Las conclusiones del Miranda Center corresponden a un análisis sobre política exterior y no constituyen una investigación judicial ni una acusación oficial del Gobierno estadounidense contra Petro. El documento pone el foco en las consecuencias que, según sus autores, tuvieron las decisiones diplomáticas de Colombia para la posición internacional de Maduro después de los comicios del 28 de julio de 2024.
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