La propuesta ya superó su primer debate en la Cámara de Representantes y plantea garantizar el acceso desde prejardín hasta grado undécimo. Su aprobación requeriría completar ocho debates en el Congreso y una ampliación progresiva de la oferta educativa.
Que los estudiantes permanezcan en el sistema educativo hasta terminar el bachillerato es uno de los desafíos que busca atender una reforma constitucional que avanza en el Congreso. Se trata del Proyecto de Acto Legislativo 228 de 2026, conocido como “De preescolar a Once”, que pretende convertir en obligatorios los tres grados de preescolar y los dos niveles de educación media.
La iniciativa tiene como ponentes a los representantes Daniel Felipe Bernal, de Cundinamarca, y Gabriel Becerra. Su primer debate fue superado en la Comisión Primera de la Cámara y ahora deberá continuar su recorrido legislativo en la plenaria de esa corporación.
Uno de los argumentos que impulsan la reforma está relacionado con la deserción escolar. Durante la discusión se presentó un dato que refleja las dificultades para completar la formación académica: de cada 100 estudiantes que comenzaron primero de primaria en 2013, solamente 55 llegaron a undécimo en 2023.
Las mayores dificultades de permanencia se presentan en el tránsito hacia la educación media. Entre las razones expuestas figuran la necesidad de incorporarse al mercado laboral, las responsabilidades familiares, las distancias entre las viviendas y los colegios y la falta de programas académicos que respondan a las expectativas de los jóvenes.
El proyecto también busca cerrar las brechas que existen desde la primera infancia. Actualmente, la garantía constitucional de obligatoriedad educativa comienza con el grado de transición, mientras que prejardín y jardín no tienen esa misma condición. En el otro extremo, aunque décimo y undécimo hacen parte del recorrido escolar, tampoco están incluidos dentro del periodo de educación obligatoria establecido en la Constitución.
De esta manera, la modificación del artículo 67 establecería una trayectoria obligatoria entre los 3 y los 17 años, integrada por prejardín, jardín, transición, cinco grados de primaria, cuatro de secundaria y dos de educación media. Esto representaría cuatro años adicionales frente al esquema vigente.
La cobertura también constituye un desafío para la propuesta. La ponencia advierte que la tasa neta de escolarización en educación media se ha mantenido por debajo del 50 % en los periodos analizados. Además, existen diferencias territoriales considerables: mientras algunas zonas alcanzan coberturas de entre el 74 % y el 80 %, en sectores de la Amazonía y la Orinoquía los indicadores se ubican entre el 10 % y el 20 %.
La entrada en vigor de la obligatoriedad no significaría que todos los colegios deban ofrecer inmediatamente atención para niños de 3 y 4 años. La propuesta contempla una implementación gradual, condicionada por la capacidad de las entidades territoriales para garantizar los cupos y con prioridad para las zonas que presentan mayores déficits de cobertura.
Para cumplir ese propósito sería necesario ampliar la infraestructura escolar, fortalecer las plantas docentes y asegurar servicios complementarios como alimentación y transporte. También se contemplan alternativas para las zonas rurales y modelos flexibles dirigidos a jóvenes trabajadores, personas con discapacidad, comunidades étnicas y víctimas del conflicto.
El componente financiero será determinante. La ampliación demandaría recursos del Presupuesto General de la Nación y del Sistema General de Participaciones, además de disposiciones posteriores que definan las inversiones, los plazos y las metas de cobertura y calidad.
Por ahora, la reforma no modifica las condiciones actuales del sistema educativo. Después de superar su primer debate, deberá completar los ocho debates correspondientes a los actos legislativos antes de convertirse en una reforma constitucional. Su aprobación definitiva sería el paso necesario para ampliar la educación obligatoria en Colombia hasta grado undécimo.
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