La Cancillería de Colombia solicitó formalmente al Tribunal Administrativo de Cundinamarca una autorización judicial urgente para personalizar el inventario de libretas de pasaportes disponible en el país. El recurso legal busca evitar la parálisis total en la expedición de pasaportes en Colombia mientras el Gobierno nacional estructura un modelo alternativo para cumplir con los dictámenes de la justicia contencioso-administrativa.
La petición judicial fue radicada por el jefe de la Oficina Asesora Jurídica Interna del Ministerio de Relaciones Exteriores, Andrés Darío Sarmiento Lamus, ante el despacho del magistrado ponente Moisés Rodrigo Mazabel. El documento solicita la aclaración y adición del auto que frenó de manera cautelar la aplicación del nuevo esquema de confección y personalización del documento oficial de viaje.
Según el informe original que reportó Blu Radio este 10 de septiembre de 2026, la solicitud judicial se fundamenta en la necesidad de garantizar el derecho a la movilidad de miles de ciudadanos colombianos dentro y fuera del territorio nacional. La entidad advirtió que la transición técnica hacia el esquema definitivo requerirá un tiempo estimado de tres meses, periodo en el cual resulta indispensable mantener el servicio activo.
Detalles del recurso presentado ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
El trámite elevado por Andrés Darío Sarmiento Lamus pretende resolver un embotellamiento operativo de escala nacional. Tras la suspensión preventiva de los actos administrativos que sostenían la puesta en marcha del nuevo modelo, la producción centralizada quedó jurídicamente condicionada, lo que puso en riesgo la atención al público en las sedes de la capital y en los consulados de Colombia en el exterior.
El recurso de aclaración y adición elevado ante el magistrado Moisés Rodrigo Mazabel requiere que el juzgado defina de manera explícita la Hoja de Ruta que deben seguir tanto el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores como la Imprenta Nacional de Colombia. En particular, la autoridad jurídica gubernamental consulta cuál debe ser el procedimiento con el material que ya fue impreso e importado antes de decretarse la orden judicial de suspensión.
El objetivo central del Ministerio de Relaciones Exteriores radica en obtener un permiso explícito que le faculte a imprimir los datos biográficos de los solicitantes sobre los insumos almacenados. Con esta medida temporal, la cartera diplomática proyecta suplir la demanda de documentos durante el lapso de ajuste operativo sin vulnerar la decisión preventiva tomada por el tribunal contencioso.
El inventario de la Casa de la Moneda de Portugal y la Imprenta Nacional
Dentro del expediente remitido al tribunal, la diplomacia colombiana detalló la existencia de un volumen considerable de insumos que fueron entregados por la Imprenta Nacional de Casa da Moeda de Portugal en el marco de las alianzas de cooperación técnica entabladas con la Imprenta Nacional de Colombia. Dichas libretas fueron despachadas e ingresadas a los depósitos estatales previo al freno judicial de los convenios contractuales.
De acuerdo con las previsiones de la Cancillería de Colombia, estas libretas vírgenes cuentan con los estándares internacionales de seguridad física y electrónica requeridos por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI). Sin embargo, permanecen inhabilitadas para su entrega a la ciudadanía a falta de una orden clara que autorice su grabado y grabación de chip.
La Cancillería fundamentó en su solicitud que la utilización del material disponible representa la única alternativa viable para evitar un colapso en el sistema de citas de los pasaportes en Colombia. En el documento oficial se enfatiza lo siguiente:
«Se requiere la autorización expresa para personalizar el stock existente con el objetivo prioritario de asegurar la prestación continua, regular e ininterrumpida del servicio público de expedición de pasaportes a nivel nacional e internacional.»
Cronograma institucional: tres meses para ajustar el modelo definitivo
El informe técnico entregado por el Ejecutivo precisa que el diseño, empalme e implementación de una contingencia contractual durará aproximadamente 90 días calendario. Durante este lapso, las autoridades gubernamentales deberán resolver múltiples variables operativas que condicionan la emisión regular del pasaporte oficial.
Entre los pasos administrativos que justifican la solicitud de tres meses transitorios se destacan los siguientes:
- Suscripción y reestructuración de trámites contractuales y presupuestales ajustados a la legalidad contenciosa.
- Adecuación tecnológica de la infraestructura de personalización y captura de datos biométricos.
- Reorganización de la logística de distribución segura hacia las gobernaciones departamentales y consulares.
- Evaluación de garantías de seguridad informática según los protocolos de la Cancillería de Colombia.
Fuentes institucionales confirmaron que recortar estos plazos sin usar el material preexistente generaría desabastecimiento en los puntos de atención de Bogotá y en las gobernaciones, afectando a miles de usuarios que diariamente acuden a renovar o solicitar su pasaporte por razones laborales, de salud o de estudio.
Antecedentes de la crisis en la expedición de pasaportes en Colombia
El conflicto legal por el control del negocio e impresión de los pasaportes colombianos ha sido uno de los expedientes administrativos más complejos del gobierno actual. Tras la decisión de declarar desierta la licitación original con operadores privados históricos como Thomas Greg & Sons, el Gobierno nacional optó por estatizar el servicio paulatinamente, delegando la tarea estratégica a la Imprenta Nacional de Colombia con asesoría internacional de Portugal.
No obstante, dicho proceso ha enfrentado continuas demandas, medidas cautelares e investigaciones disciplinarias por parte de la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República. El argumento persistente de los demandantes ha sido la supuesta falta de idoneidad técnica de la imprenta pública para asumir un contrato de tal magnitud sin poner en riesgo la seguridad nacional y la soberanía de los datos de los ciudadanos.
El fallo de suspensión dictado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca representó un duro revés para la estrategia oficial. Dicha providencia congeló la ejecución de las fases acordadas con la firma portuguesa, forzando a las directivas del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores a buscar soluciones jurídicas de emergencia como la presentada este 10 de septiembre de 2026.
Consecuencias para los ciudadanos y trámites de viaje internacionales
El trámite del pasaporte resulta indispensable no solo para realizar desplazamientos al exterior, sino también para el cumplimiento de normativas de visado y residencia en diversas latitudes. En particular, la entrada a países del espacio Schengen o a territorio norteamericano demanda la presentación de un documento de lectura mecánica vigente con al menos seis meses de validez desde la fecha planificada de viaje.
Una interrupción imprevista en la cadena de suministros y personalización generaría serias complicaciones para los viajeros colombianos en el extranjero que requieran pasaportes de emergencia, al igual que para la comunidad nacional en el exterior que efectúa trámites de renovación en los consulados de América Latina, Europa y Estados Unidos.
Por el momento, la Cancillería reiteró que las citas agendadas y la expedición regular del documento se mantienen bajo esquemas de contingencia mientras el magistrado Moisés Rodrigo Mazabel evalúa los argumentos jurídicos presentados por la defensa del Estado. La decisión del tribunal definirá en los próximos días si avala la impresión sobre las libretas de la Casa de la Moneda de Portugal o si impone condicionamientos adicionales al Ministerio de Relaciones Exteriores.
Estado actual del trámite y decisiones pendientes
La solicitud formal para destrabar los pasaportes se encuentra en la etapa de sustanciación dentro del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. La magistratura deberá notificar en las próximas horas su postura oficial frente al recurso de aclaración planteado por la Cancillería de Colombia.
Mientras se emite el pronunciamiento judicial definitivo, la información oficial se mantiene en desarrollo. Tanto la ciudadanía como el sector aeronáutico y turístico permanecen atentos al fallo del tribunal, el cual determinará si Colombia cuenta con la solvencia operativa necesaria para mantener la emisión ininterrumpida de sus documentos de identidad internacional durante los próximos tres meses.
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