El escenario político y judicial de Colombia suma un nuevo capítulo de escrutinio institucional con las actuaciones preliminares en torno al llamado Pacto de Valledupar. De acuerdo con reportes de medios nacionales como El Nuevo Siglo, las instancias investigativas examinan las circunstancias en las que se habría gestado este entendimiento y el rol que habrían desempeñado el presidente Gustavo Petro, el gerente de medios públicos Hollman Morris y el exembajador Armando Benedetti, en relación con el excomandante de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Salvatore Mancuso.
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En qué consiste el denominado Pacto de Valledupar
El término Pacto de Valledupar ha surgido en el debate público para describir una serie de presuntos acercamientos, conversaciones y compromisos exploratorios entre emisarios de la entonces campaña del Pacto Histórico y antiguos miembros de estructuras paramilitares, con epicentro simbólico y territorial en la capital del departamento del Cesar. Según las versiones que son objeto de verificación por parte de la Fiscalía General de la Nación, este acuerdo no se trataría de un documento formalizado ante notaría, sino de una hoja de ruta política y jurídica planteada antes y después de los comicios de 2022.
En esencia, el supuesto pacto habría consistido en articular la participación de exjefes de las AUC, particularmente de Salvatore Mancuso, dentro de la estrategia gubernamental conocida como Paz Total. El objetivo principal que se atribuye a este entendimiento era doble: por un lado, facilitar un marco jurídico que permitiera el retorno a Colombia de exparamilitares extraditados a Estados Unidos bajo la figura de gestores de paz; y, por otro, promover la entrega de bienes para la reparación de las víctimas y la revelación de verdades inéditas sobre los vínculos entre el paramilitarismo, sectores empresariales y dirigentes políticos regionales en la costa Caribe.
- Impulso a la Paz Total: Integración de antiguos mandos de las AUC como facilitadores o gestores para desactivar estructuras armadas herederas del paramilitarismo.
- Esclarecimiento de la verdad: Compromiso de aportar testimonios ante instancias judiciales sobre alianzas históricas en departamentos como Cesar, Córdoba y Magdalena.
- Reparación territorial: Identificación de tierras y activos despojados durante el conflicto armado para su restitución a comunidades campesinas.
Los protagonistas y el contexto de las indagaciones
El foco de las autoridades busca determinar si durante la gestación de estos acercamientos se incurrió en alguna conducta irregular o si existieron contraprestaciones políticas durante la contienda electoral de 2022. En este contexto, el nombre de Hollman Morris ha sido mencionado en diversos informes periodísticos debido a las entrevistas y contactos sostenidos con Mancuso cuando este aún se encontraba privado de la libertad en territorio estadounidense, gestiones que habrían servido de puente comunicativo.
Por su parte, la mención a Armando Benedetti se enmarca en su papel como uno de los principales articuladores políticos de la campaña presidencial en la región Caribe, donde se habrían llevado a cabo reuniones clave con diversos sectores sociales y políticos. Respecto al jefe de Estado, Gustavo Petro, el análisis institucional debe considerar el fuero constitucional que ostenta, por lo que cualquier actuación formal sobre su conducta compete exclusivamente a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, mientras la Fiscalía conserva la competencia sobre funcionarios o particulares sin dicho fuero.
El marco legal de los gestores de paz y la justicia transicional
Para comprender el trasfondo del Pacto de Valledupar, es necesario remitirse a las decisiones administrativas adoptadas posteriormente por el Ejecutivo. En el año 2023, el Gobierno nacional designó oficialmente a Salvatore Mancuso como gestor de paz mediante resolución presidencial, una figura contemplada en la legislación colombiana para permitir que personas que hicieron parte de grupos armados contribuyan a procesos de pacificación y desmovilización.
Sin embargo, este mecanismo ha generado intensos debates jurídicos entre los tribunales de Justicia y Paz y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) sobre cuál es el tribunal competente para procesar y definir la situación de libertad del exjefe paramilitar tras su deportación a Colombia en febrero de 2024. Mientras los defensores de la iniciativa sostienen que los acercamientos buscaban únicamente destrabar los procesos de verdad y reparación que llevaban años estancados en el sistema de Justicia y Paz, los sectores críticos y las denuncias que motivan la indagación fiscal cuestionan si el ofrecimiento de beneficios jurídicos tuvo motivaciones electorales o si se excedieron las facultades legales previas a la posesión presidencial.
Las diligencias preliminares que adelanta el ente investigador resultarán determinantes para establecer la trazabilidad de las reuniones, la naturaleza exacta de los compromisos adquiridos en torno a Valledupar y deslindar las decisiones legítimas de política pública de paz de eventuales responsabilidades penales o disciplinarias.
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