La Presidencia de la República trasladó de manera oficial a la Fiscalía General de la Nación la solicitud presentada por la defensa de Digno José Palomino Rodríguez, alias Digno Palomino, con el objetivo de estudiar su eventual sometimiento a la justicia. Palomino es identificado por los organismos de inteligencia como el máximo cabecilla de la estructura delincuencial conocida como Los Pepes, la cual opera de forma prioritaria en Barranquilla y diversos municipios del departamento del Atlántico.
Esta decisión administrativa busca determinar si el procesado y los integrantes de su organización pueden acogerse a los mecanismos jurídicos dispuestos para el desmantelamiento de bandas criminales de alto impacto. La solicitud formal fue canalizada a través de la Oficina del Consejero Comisionado de Paz, entidad encargada de verificar los acercamientos iniciales con grupos armados o estructuras de crimen organizado en el país.
El procedimiento legal para las estructuras del crimen organizado
El trámite de sometimiento no otorga estatus político a las organizaciones dedicadas al delito común o al narcotráfico. A diferencia de las negociaciones de paz con grupos rebeldes, el procedimiento ante la Fiscalía General de la Nación se rige estrictamente por las normas del Código de Procedimiento Penal y las disposiciones normativas vigentes sobre acogimiento a la justicia ordinaria.
De acuerdo con los lineamientos del Ministerio de Justicia y del Derecho, las estructuras criminales que manifiesten su voluntad de sometimiento deben cumplir con requisitos rigurosos. Entre estas exigencias destacan la entrega de información precisa sobre sus redes financieras, la cesación inmediata de actividades ilícitas como la extorsión y el tráfico de estupefacientes, así como la entrega de bienes para la reparación integral de las víctimas afectadas por sus acciones delictivas.
Trayectoria criminal de Los Pepes y conflicto en el Atlántico
Digno Palomino ha sido señalado de liderar múltiples actividades delictivas en la región del Caribe colombiano. Reportes elaborados por la Policía Nacional de Colombia indican que el enfrentamiento directo entre la banda de Los Pepes y el grupo conocido como Los Costeños, dirigido por Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias Castor, ha desencadenado una preocupante ola de homicidios selectivos y extorsiones en el sector comercial de Barranquilla, Soledad y Malambo.
Durante varios años, Palomino permaneció huyendo de las autoridades hasta su captura e imputación por delitos como concierto para delinquir agravado, homicidio, extorsión y porte ilegal de armas de fuego. A pesar de encontrarse privado de la libertad en un establecimiento penitenciario, las investigaciones judiciales sostienen que las dinámicas de extorsión a comerciantes del departamento continuaron bajo la influencia de mandos medios vinculados a su estructura.
Marco de la política de Paz Total y posturas institucionales
La eventual vinculación de esta estructura criminal a los procesos de desmantelamiento forma parte de la estrategia gubernamental impulsada mediante la política de Paz Total. Esta ley habilita al Poder Ejecutivo para entablar diálogos sociojurídicos con bandas de alto impacto urbano, orientados exclusivamente a lograr la desarticulación de estas redes y la pacificación de los territorios afectados por la violencia urbana.
Sin embargo, las autoridades locales del Atlántico y gremios del sector comercial han reiterado la necesidad de actuar con firmeza. Según reportes del diario El Espectador y otros medios nacionales, la ciudadanía exige que las muestras de voluntad de paz se traducan en el cese inmediato de los cobros extorsivos y los ataques contra los comerciantes locales, evitando que los trámites legales se conviertan en dilaciones para evadir responsabilidades penales.
Siguientes pasos en la evaluación judicial
Una vez recibida la solicitud, el ente fiscal evaluará la viabilidad de los compromisos planteados por el procesado y su equipo defensor. La Fiscalía determinará si existen las condiciones jurídicas y técnicas necesarias para avanzar en un acuerdo de sometimiento que contemple beneficios punitivos condicionados a la efectividad de la colaboración con la justicia.
De ser avalado el proceso, los fiscales asignados establecerán los cronogramas para las diligencias de manifestación de la verdad y la entrega de inventarios de bienes ilícitos, garantizando que el proceso de acogimiento proteja los derechos a la verdad, la justicia y la no repetición de las víctimas de la criminalidad organizada en la Costa Caribe.
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