En una audiencia judicial realizada en Bogotá, la exjefa de gabinete del Gobierno colombiano, Laura Sarabia, rechazó formalmente los cargos penales formulados por la Fiscalía General de la Nación. El procedimiento, encabezado por el Juzgado Primero de Control de Garantías de Bogotá, marca un punto decisivo en la investigación sobre las presuntas irregularidades cometidas tras el hurto de un dinero en la residencia de la exfuncionaria en enero de 2023.
La acusación fiscal y las presuntas irregularidades
Durante la diligencia pública, la representación del ente investigador expuso los elementos materiales probatorios recopilados durante varios meses de indagaciones. Según la tesis de los fiscales del caso, Sarabia habría utilizado su posición jerárquica para ordenar medidas de seguridad extraordinarias y desproporcionadas contra Marelbys Meza, quien trabajaba en su domicilio particular cuidando a su hijo.
La fiscalía sostiene que las instrucciones impartidas al personal de seguridad de la Presidencia de la República superaron las competencias constitucionales y legales establecidas para la protección de altos dignatarios. Entre las acusaciones imputadas destacan conductas relacionadas con la utilización indebida de recursos estatales para resolver un asunto de carácter estricta y únicamente privado.
El origen del expediente: polígrafo y chuzadas
El caso se remonta a los primeros días de enero de 2023, cuando se reportó el extravío de un maletín con dinero en efectivo en el apartamento de la exfuncionaria. Tras la pérdida, Meza fue conducida a las instalaciones del edificio Galán, contiguo a la Casa de Nariño, para ser sometida a una prueba de polígrafo. De acuerdo con pronunciamientos de la Corte Constitucional de Colombia sobre garantías fundamentales, este tipo de procedimientos en civiles sin orden judicial previa vulneran los protocolos institucionales y los derechos básicos.
Posteriormente, la investigación penal reveló que el número telefónico de la niñera y el de otras personas de su entorno cercano fueron incluidos en listas de interceptación telefónica manejadas por la Policía Nacional de Colombia. Para justificar judicialmente estas escuchas ilegales, se elaboraron informes policiales con datos falsos que vinculaban erróneamente a las víctimas con organizaciones criminales dedicadas al hurto a gran escala.
La implicación del esquema de seguridad presidencial
El expediente judicial salpica directamente a la estructura de protección institucional del poder ejecutivo. La Fiscalía señala que Sarabia habría coordinado estas actuaciones a través del coronel Carlos Feria, quien ejercía como jefe de la Casa Militar y responsable directo de la seguridad en el palacio presidencial. Los señalamientos indican que se destinaron vehículos oficiales, personal capacitado y equipos técnicos para resolver un conflicto particular.
La línea de investigación busca determinar la responsabilidad en la cadena de mando, evaluando conductas tipificadas como abuso de función pública, peculado por uso y falsedad ideológica en documento público. Organismos internacionales como Human Rights Watch han enfatizado reiteradamente la importancia de mantener controles estrictos sobre los aparatos de inteligencia y seguridad estatal para evitar desviaciones del poder público.
Fases del proceso penal tras la no aceptación de cargos
Al rechazar la imputación formal durante la audiencia de garantías, la exfuncionaria no accederá a los beneficios de rebaja de pena previstos en el sistema penal acusatorio para quienes aceptan su responsabilidad en las etapas iniciales. Esta decisión abre paso a que la Fiscalía avance en la preparación de la acusación formal ante los juzgados penales del circuito de Bogotá.
En las fases siguientes, las partes acudirán a las audiencias de formulación de acusación, preparatoria y, finalmente, al juicio oral y público. Durante el juzgamiento, la defensa técnica de Sarabia podrá presentar sus propias pruebas para desvirtuar las hipótesis del ente investigador y sostener la inocencia de la procesada, respetando las garantías del debido proceso garantizadas por el marco legal colombiano.
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