La financiación de la campaña de Diana Carolina Corcho durante la consulta interna del Pacto Histórico, realizada en octubre de 2025, llegó al escenario judicial. La Fiscalía busca imputar cargos a quien estuvo al frente de su gerencia y a otro hombre que habría participado en el manejo administrativo y contable de una empresa contratista.
Se trata de Nelson Emiro Linares Zárate, exgerente de la campaña, y Héctor Ulises Ávila Cortés, vinculado a las labores administrativas y contables de una compañía que prestaba servicios logísticos.
La investigación gira alrededor de documentos que habrían sido utilizados para respaldar gastos electorales por servicios que, según las hipótesis del ente acusador, nunca se habrían ejecutado. Las facturas cuestionadas presuntamente fueron presentadas ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) para tramitar la reposición de votos.
Por estos hechos, la Fiscalía radicó ante el Centro de Servicios Judiciales de Paloquemao, en Bogotá, la solicitud para realizar la audiencia de formulación de imputación. El ente investigador considera que existen elementos para atribuir posibles responsabilidades individuales a los dos indiciados.
Los delitos que serán puestos en conocimiento del juez son falsedad en documento privado, fraude procesal y estafa, conductas que la Fiscalía relaciona con la presunta utilización de soportes contables irregulares en el proceso de reconocimiento de recursos electorales.
La diligencia judicial fue programada para el próximo 2 de diciembre. En esa audiencia se conocerán formalmente los señalamientos de la Fiscalía contra los dos investigados, quienes deberán responder ante la justicia por los hechos materia de investigación.
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