La controversia judicial en torno a la anterior administración presidencial en Colombia suma un nuevo capítulo. Angie Rodríguez, quien ejerció funciones directivas en el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), se encuentra en el centro de tres denuncias penales radicadas en las últimas semanas. Estas acciones legales surgen como respuesta directa del equipo jurídico de Gustavo Petro ante una serie de declaraciones públicas emitidas por la exfuncionaria, en las que cuestionó severamente las actuaciones del gobierno del que formó parte y aseguró haber recibido amenazas mientras ocupaba su cargo.
De acuerdo con la información revelada inicialmente por el diario El Espectador y difundida posteriormente por el portal Pulzo, el abogado Alejandro Carranza, representante legal del exjefe de Estado, acudió ante el ente investigador para solicitar que se indague la conducta de Rodríguez. Los recursos jurídicos se dividen entre delitos contra la integridad moral y presuntas faltas contra la administración pública durante su paso por la entidad estatal.
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El denominado pacto de Valledupar y las acusaciones de calumnia
El primer eje de la ofensiva judicial está vinculado a las afirmaciones de Rodríguez sobre lo que se ha denominado mediáticamente como el pacto de Valledupar. Según la versión entregada por la exdirectora del Dapre, durante su gestión habría recibido directrices específicas para coordinar una reunión con antiguos comandantes paramilitares en la capital del departamento del Cesar. El supuesto propósito de dicha cita, según sus palabras, consistía en lograr que estos exjefes armados realizaran señalamientos ante los medios de comunicación en contra de figuras políticas de oposición, mencionando específicamente al expresidente Álvaro Uribe Vélez, al abogado Abelardo de la Espriella y al exvicepresidente Germán Vargas Lleras.
Frente a estas aseveraciones, la defensa de Gustavo Petro ha sido tajante al negar cualquier implicación. En el documento presentado ante las autoridades, el abogado Carranza sostuvo que el exmandatario jamás impartió órdenes a Rodríguez Fajardo, ni a ningún otro funcionario público, de manera directa o indirecta, para obtener testimonios contra dirigentes o candidatos políticos. Según la versión de la representación legal de Petro, el encuentro en cuestión respondía exclusivamente a espacios de diálogo enfocados en la búsqueda de la verdad y la construcción de paz, descartando cualquier cálculo de carácter electoral.
En medio de este cruce de versiones, el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso confirmó que la reunión efectivamente se llevó a cabo, pero puntualizó que el entonces presidente Petro no tuvo una participación directa en el desarrollo de la misma.
Segunda querella por declaraciones sobre la vida privada y la gestión pública
El segundo proceso interpuesto ante la Fiscalía General de la Nación corresponde a una querella motivada por diversas manifestaciones que Angie Rodríguez habría realizado en espacios periodísticos. En estas intervenciones, la exfuncionaria abordó asuntos sensibles que van desde cuestionamientos sobre los títulos académicos de Juliana Guerrero y detalles adicionales del encuentro en Valledupar, hasta referencias sobre el vínculo personal entre Gustavo Petro y Verónica Alcocer, así como señalamientos sobre un supuesto consumo de sustancias estupefacientes.
El equipo jurídico liderado por Alejandro Carranza argumenta que estas declaraciones configuran los delitos de injuria y calumnia, dado que, según la defensa, la exfuncionaria no ha presentado ningún elemento probatorio que sustente la veracidad de tales afirmaciones ante la opinión pública ni ante las instancias judiciales correspondientes.
Investigación por presunto peculado y manejo de divisas en viajes oficiales
Más allá de las disputas por las declaraciones en medios, la tercera denuncia apunta directamente a la gestión administrativa y financiera de Rodríguez en el Dapre. El escrito radicado advierte sobre presuntas anomalías en la administración de recursos del erario destinados a cubrir los desplazamientos internacionales de la comitiva presidencial.
Los señalamientos detallan movimientos financieros que involucran el retiro de sumas de dinero en efectivo, específicamente en dólares y euros, cuyos soportes contables presuntamente no guardarían relación con los gastos reales ni con las circunstancias de las misiones oficiales. A raíz de estos hechos, los denunciantes solicitan que se investigue la posible comisión de los delitos de peculado, falsedad en documento y un eventual enriquecimiento ilícito. Corresponderá ahora a los fiscales asignados recolectar el material probatorio y determinar si existen méritos suficientes para llamar a responder formalmente a la exfuncionaria ante los estrados judiciales.
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