Trabajadores informales: Corte dice que Estado debe garantizar estabilidad económica
El falló nació de una denuncia interpuesta por una trabajadora a la que desalojaron de su kiosko
Una mujer de 69 años, vendedora informal en el Jarillón de Cali, presentó una denuncia tras ser desalojada por orden de la Alcaldía, en julio de 2023. Su desalojo la dejó sin alternativas económicas, ya que su lugar de trabajo fue demolido, lo que generó una crisis en su medio de vida.
La Corte Constitucional, al revisar el caso, falló a favor de ella, reconociendo su falta de alternativas de subsistencia y protegiendo sus derechos a una vida digna y a la confianza legítima.
Respaldo a trabajadores informales
A partir de ello, la Sala Octava de Revisión destacó la obligación del Estado de implementar medidas transitorias que permitan a los trabajadores informales a adaptarse a los cambios, así como la necesidad de políticas públicas que aseguren la preservación de sus ingresos mientras buscan formalizarse o acceder a protección social.
El tribunal también enfatizó que las administraciones locales, como la Alcaldía de Cali, deben ir más allá de simplemente ejecutar desalojos y tomar acciones concretas para proteger a los vendedores informales. Por último, la Corte instó a la administración municipal a desarrollar una política pública que ofrezca alternativas laborales o de reubicación para estos trabajadores, como parte de una respuesta integral a los procesos de desalojo.
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