Atención: Procuraduría suspendió al canciller Álvaro Leyva ¿cuál es la razón?
Este miércoles 24 de enero se conoció que la Procuraduría General de la Nación ordenó la suspensión provisional del canciller Álvaro Leyva por un período de tres meses, en medio de una investigación sobre presuntas irregularidades en la licitación de los pasaportes. Esta decisión se basa en un pliego de cargos formulado por el Ministerio Público y ha sido calificada como una falta disciplinaria grave.
Las faltas disciplinarias imputadas al canciller
La Sala Disciplinaria de Instrucción del despacho ha determinado que Álvaro Leyva incurrió en dos faltas disciplinarias de manera provisional, calificadas como gravísimas. La primera de ellas se refiere a la declaración de desierta de la licitación 001 de 2023 sin fundamentos fácticos, jurídicos y técnicos suficientes. Esto podría haber transgredido los principios que rigen la contratación estatal.
La segunda falta se relaciona con la supuesta declaración de urgencia manifiesta durante el proceso contractual, sin que existieran causales que justificaran dicha determinación. Estas acciones han llevado a la Procuraduría a tomar la decisión de suspender provisionalmente al canciller, con el objetivo de evitar la posible reiteración de las faltas disciplinarias imputadas.
El rol de Álvaro Leyva en la gestión de pasaportes
La Procuraduría ha argumentado que la suspensión del canciller es necesaria debido a su rol como ordenador del gasto de la Cancillería y director del nuevo proceso contractual para la gestión de pasaportes. Con el fin de evitar la repetición de las faltas disciplinarias, se ha considerado prudente apartarlo temporalmente de su cargo.
La demanda de Thomas Greg y Sons
Como consecuencia de la declaratoria de desierta de la licitación, la empresa Thomas Greg y Sons presentó una demanda por daños y perjuicios por un valor de 117 mil millones de pesos. La compañía alega que la decisión del canciller ha causado un perjuicio económico y busca ser compensada por esta pérdida.
La Procuraduría, por su parte, señaló que Álvaro Leyva puede ver comprometida su responsabilidad disciplinaria en relación con el proceso de licitación de pasaportes. Se le imputa una posible falta descrita en el numeral 3 del artículo 54 del Código General Disciplinario, al participar en la etapa precontractual sin respetar los principios de transparencia, economía y responsabilidad en la contratación estatal.
La Procuraduría también ha cuestionado el hecho de que Leyva haya desconocido que el pliego de condiciones constituye la ley del procedimiento administrativo de selección del contratista. Según el ente de control, las reglas establecidas por la entidad deben ser respetadas y tienen efectos obligatorios.
La recomendación del Comité Evaluador
Otro aspecto relevante en este caso es que el Comité Evaluador del proceso de licitación había otorgado un puntaje perfecto al proponente UT Pasaportes 2023, que corresponde a la empresa Thomas Greg y Sons. Este comité había recomendado al ordenador del gasto adjudicarle la licitación pública, lo que contrasta con la decisión del canciller de declararla desierta.
Álvaro Leyva ya fue notificado de la decisión de la Procuraduría. La suspensión provisional de tres meses y el llamado a juicio disciplinario son medidas que deberá enfrentar mientras se lleva a cabo la investigación sobre las presuntas irregularidades en la licitación de los pasaportes.
Archivo a favor de Salazar
La Procuraduría ha destacado que el canciller desconoció el archivo a favor de José Antonio Salazar, secretario general de la Cancillería, quien había recomendado la adjudicación de la licitación a Thomas Greg y Sons. Este hecho refuerza las dudas sobre la legalidad de la declaración de desierta y la posible responsabilidad disciplinaria de Álvaro Leyva.
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