Por el «Robo de Magdalena» imputarán cargos a Carlos Caicedo
Obras con retrasos, detrimento y contratación "amañada", son algunos de los señalamientos que hace la Fiscalía
Por hechos ocurridos durante los años 2013 y 2019, la Fiscalía elaboró una macro investigación a la que denominó el «Robo de Magdalena», cuyos resultados hacen que ahora este ente acusador solicite que haya audiencias de imputación contra el exgobernador Luis Miguel Cotes Habeych, la exgobernadora Rosa Cotes de Zúñiga, y al exalcalde de Santa Marta y actual gobernador del departamento Carlos Eduardo Caicedo.
En un informe detallado emitido por la Fiscalía este lunes 13 de febrero, se dice que este caso representa «una de las mayores evidencias de corrupción y desviación ilegal de dineros en Magdalena», y que para comprobarlo existe «abundante material de prueba y evidencia física que dan cuenta de que en este departamento se habrían orientado de manera ‘caprichosa’, por lo menos, cinco procesos de contratación que superaron en valor los 457.000 millones de pesos».
Asimismo se dice que Caicedo, Zúñiga y Cotes deben rendir cuentas por «diversas irregularidades administrativas, incumplimientos en la ejecución de obras civiles y de infraestructura; y sobrecostos o desembolsos injustificados que representaron un peculado de algo más de 74.779 millones de pesos» y que «se perdieron».
«Se constató que, trascurridos más de siete años, el escenario (Coliseo de Gaira) no se ha entregado en condiciones adecuadas, se encontraría en deterioro e inutilización. Por estos hechos, el entonces alcalde, Carlos Caicedo Omar, quedará imputado», dijo el ente acusador.
Así las cosas, al gobernador magdalenense se le imputarán los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad ideológica en documento público. Además, los fiscales a cargo consideran que es necesario que un juez apruebe la medida de aseguramiento, «para conjurar el riesgo de reiteración de conductas similares, en el entendido de que el indiciado es gobernador actual y, por tanto, jefe administrativo y contractual y principal ordenador del gasto público».
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