Piden medidas para proteger la vida de candidatos a las elecciones regionales
Son 42 candidatos los que han sido víctimas de intimidaciones de los grupos armados al margen de la ley
Debido a la actual situación que vive Colombia, la Defensoría del Pueblo, en cabeza del Defensor, Carlos Camargo, le solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos medidas cautelares para proteger los derechos a la vida, integridad personal y políticos de alcaldes, concejales, gobernadores, diputados y personeros, así como de los candidatos a las elecciones que se realizarán en octubre.
“Las medidas cautelares solicitadas tienen carácter extremo, urgente y prioritario, dada la inminente amenaza en la que se encuentran servidores públicos y participantes en la contienda democrática”, expresó el Defensor del Pueblo.
Hay 26 alcaldes amenazados y despachando afuera de sus municipios
Los alcaldes que están despachando por fuera de sus localidades son los de Cartagena del Chairá (Caquetá), San José del Palmar, Bagadó, Río Iró, Sipí y Lloró (Chocó), Tibú y La Playa de Belén (Norte de Santander), Magüí Payán, Roberto Payán, La Tola y Francisco Pizarro (Nariño), Santa Rosa del Sur (Bolívar), Mercaderes (Cauca) y Puerto Guzmán (Putumayo).
Los burgomaestres amenazados son de San Vicente del Caguán y Solano (Caquetá), Saravena y Tame (Arauca), Norosí, San Pablo, Morales, Montecristo, Cantagallo y Rioviejo (Bolívar) y Medio Baudó (Chocó).
Otros servidores públicos intimidados
Un total de tres gobernadores están amenazados hoy, son quienes tienen a cargo la administración de los departamentos del Tolima, Guaviare y Meta.
Un personero, el de Norosí (Bolívar); cuatro concejales: uno de San Vicente del Caguán, en Cartagena del Chairá y en Florencia (en Caquetá), en Quibdó (en Chocó). También un diputado de la Asamblea Departamental del Caquetá.
Candidatos amenazados y víctimas de atentados
42 candidatos que compiten para ocupar cargos públicos en las próximas elecciones tienen amenazas, también han sufrido atentados en el legítimo ejercicio de sus campañas. Grupos armados ilegales intimidaron a aspirantes a concejos, alcaldías, asambleas departamentales, juntas administradoras locales y gobernaciones.
La crítica situación es registrada en Nariño, Norte de Santander, Antioquia, Cauca, Chocó, Valle del Cauca, Guaviare, Arauca, Huila y Bolívar.
La Defensoría identificó 113 municipios en riesgo extremo y 286 en riesgo alto. Esto quiere decir que hay altas probabilidades de la ocurrencia de hechos vulneratorios de los derechos humanos.
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