Nuevo motivo por el que investigarán a Petro
Esta se sumará a la investigación por presunta violación en los topes económicos de su campaña
El magistrado Alfonso Campo ha propuesto una nueva investigación formal contra el presidente Gustavo Petro por presunta violación de las leyes que regulan la propaganda electoral anticipada. Esta propuesta surge en el contexto de las elecciones presidenciales de 2022, en las que Petro resultó electo.
Campo ha liderado una ponencia que pretende esclarecer si el presidente Petro incumplió el artículo 24 de la Ley 130 de 1994 y el artículo 35 de la Ley 1475 de 2011, los cuales prohíben la promoción de propagandas electorales antes del inicio oficial del periodo de campañas.
La ‘P’ de Petro
Según la ponencia, la investigación se centra en el evento de la ‘P’ realizado el 10 de septiembre de 2021 en Barranquilla, donde Petro lanzó su candidatura a la presidencia. En dicho evento, se habría llevado a cabo una amplia promoción anticipada que incluiría publicidad y concentraciones proselitistas.
La propuesta de Campo se basa en múltiples denuncias recibidas por el Consejo Nacional Electoral (CNE), que alegan la realización de propaganda fuera del periodo permitido. Los denunciantes han presentado evidencias como transmisiones de eventos, notas de prensa y publicaciones en redes sociales que promocionaban a Petro como candidato presidencial. Adicionalmente, se han señalado posibles violaciones en la colocación de publicidad en áreas cercanas a puestos de votación y zonas prohibidas.
En su borrador, Campo concluye que estas actividades podrían constituir una violación de la normativa electoral. El CNE ya había enfrentado denuncias anteriores relacionadas con la campaña de Petro, pero esta nueva investigación se enfoca en las actividades de campaña anticipada.
Si se confirma la responsabilidad del presidente Petro, la investigación podría llevar a una multa monetaria. El rango de la posible multa varía entre 18,497,636 pesos y 184,976,375 pesos, aunque esta cifra sería considerada menor en comparación con los topes de campaña presuntamente violados, que ascienden a 5,355 millones de pesos.
Este desarrollo marca una nueva etapa en las investigaciones en torno a la campaña presidencial de 2022, que ya enfrenta cuestionamientos por la supuesta violación de los topes de campaña. La próxima etapa de este proceso investigativo dependerá de la evaluación de la evidencia y las decisiones del CNE.
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