ONU DD. HH. expresa preocupación por el alto número de fallecidos en cárceles salvadoreñas
En el último año detuvieron al menos 65.000 personas
La preocupación por las condiciones de las cárceles salvadoreñas siguen aumentando a medida que la situación se vuelve más crítica. La portavoz de la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Marta Hurtado, expresó su preocupación con relación a las medidas que ha adoptado el gobierno de Nayib Bukele en el último año, después de decretar el estado de emergencia.
De igual manera, hizo un llamado a las autoridades de El Salvador a permitir el escrutinio internacional para verificar las condiciones de las cárceles salvadoreñas. Las imágenes impactantes de hombres hacinados y con el torso desnudo en mega cárceles de El Salvador han sido vistas por todo el mundo, lo que ha llevado a la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos a tomar medidas.
Por otra parte, Hurtado también dejó ver su preocupación por el acceso que tienen los presos a la comida y el agua, así como por el hecho de que las familias tengan que pagar por su sostenimiento, y pidió una visita al país para verificar las condiciones de reclusión.
Renovación del estado de emergencia
Hurtado también detalló la preocupación de la oficina sobre la renovación del estado de emergencia sin mayores consideraciones, y el hecho de que en el último año detuvieron al menos 65.000 personas en El Salvador. La oficina del Alto Comisionado para los DD. HH. ha señalado que algunas de estas detenciones masivas, incluidas las de menores, “pueden equivaler a detenciones arbitrarias”.
Además, es especialmente preocupante que 90 personas hayan perdido la vida, presuntamente, privadas de la libertad, y que sólo se disponga de información limitada sobre cómo avanzan las investigaciones con relación a esos decesos registrados.
Finalmente, Hurtado dijo con inquietud que el estado de emergencia cumplió ayer un año y se renovó sin mayores consideraciones. “Comprendemos los graves problemas que plantea la violencia de las bandas y el deber del Estado de garantizar la seguridad. Sin embargo, el Estado tiene el deber de hacerlo respetando el derecho internacional de los derechos humanos”.
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