Wanda Galindo Núñez, de 23 años, rompió su silencio para detallar los momentos de angustia que vivió durante la agresión con arma blanca atribuida a su expareja en Valledupar. Su relato expone el historial de acoso y las denuncias previas que no lograron evitar el ataque en el barrio Santa Rita.

Más allá del registro policial del suceso ocurrido en el barrio Santa Rita de Valledupar, la voz de Wanda Galindo Núñez ofrece una dimensión directa sobre las secuelas emocionales y físicas que enfrenta tras sobrevivir a la agresión. En declaraciones concedidas a la emisora La FM, la joven de 23 años narró cómo un trayecto cotidiano en motocicleta junto a una amiga se transformó en una situación de riesgo extremo para su vida.

Según el testimonio de la afectada, la intención del atacante, identificado como su expareja Keiver Díaz Montes, de 30 años, era acabar con su vida en plena calle. Galindo describió la impotencia sentida al ser interceptada de manera repentina mientras se desplazaba por el sector, destacando que se encuentra con vida gracias a la rápida intervención de los ciudadanos que presenciaron la escena y detuvieron al señalado agresor antes de que el desenlace fuera fatal.

En su conversación con los medios, la sobreviviente enfatizó el impacto psicológico que le dejó el enfrentamiento directo con quien fuera su compañero sentimental. La joven expresó con contundencia su percepción del momento al asegurar que el sujeto buscaba matarla, una afirmación que hoy sustenta la investigación por presunto intento de feminicidio que adelantan las autoridades judiciales en el departamento del Cesar.

Denuncias previas y alertas por acoso ante las autoridades

Uno de los puntos centrales en la declaración de Wanda Galindo es la existencia de antecedentes documentados sobre la conducta de su expareja. Lejos de tratarse de un hecho aislado o imprevisible, la joven manifestó que venía sufriendo un patrón sistemático de hostigamiento e intimidaciones tras la ruptura de la relación sentimental.

De acuerdo con su versión, antes de que se produjera el ataque con arma blanca en el espacio público, ella ya había acudido a las instancias correspondientes para poner en conocimiento su situación de vulnerabilidad. Específicamente, Galindo indicó que había interpuesto denuncias formales ante la Fiscalía General de la Nación por los delitos de acoso y amenazas constantes por parte de Díaz Montes.

El relato de la víctima pone de manifiesto la frustración que experimentan muchas mujeres cuando las alertas tempranas no se traducen en barreras efectivas de contención. A pesar de haber activado la ruta institucional para buscar amparo legal frente al asedio que padecía, el señalado agresor mantuvo la capacidad de localizarla y abordarla en la vía pública, lo que reabre el debate sobre el seguimiento a las medidas de protección en casos de violencia basada en género.

El impacto del miedo y la búsqueda de garantías judiciales

Tras superar la fase crítica inicial luego de la agresión física, el testimonio de la joven se centra ahora en la necesidad de obtener garantías reales para su integridad y la de su entorno cercano. El temor a nuevas represalias es una constante en las declaraciones de quienes sobreviven a este tipo de ataques, especialmente cuando existen antecedentes de persecución previa.

El caso expuesto por medios nacionales como Pulzo refleja la importancia de escuchar a las sobrevivientes no solo como parte del acervo probatorio en un proceso penal, sino como un llamado de atención urgente hacia el sistema de justicia. Para Wanda Galindo, visibilizar su historia a través de los micrófonos busca evitar que su expediente quede archivado sin una respuesta contundente por parte de los jueces y fiscales encargados del proceso.

Rutas de atención y acompañamiento frente a la violencia de pareja

El testimonio de Galindo en Valledupar recuerda la importancia de acudir a profesionales cualificados en el ámbito jurídico y psicológico ante cualquier señal de violencia intrafamiliar o acoso tras finalizar una relación. En Colombia, las víctimas de amenazas cuentan con canales institucionales diseñados para brindar orientación legal, asistencia médica y resguardo temporal cuando existe un riesgo inminente para la vida.

Organismos como la Defensoría del Pueblo y las comisarías de familia locales ofrecen acompañamiento técnico para solicitar medidas de protección urgentes y dar seguimiento a las denuncias penales. Asimismo, el Estado dispone de líneas de orientación gratuitas, como la Línea 155 de atención a mujeres víctimas de violencia, donde personal especializado asesora sobre los pasos legales a seguir para activar los protocolos de seguridad y atención integral.