Un borrador legislativo en Colombia plantea recortar la estructura del Estado para disminuir el gasto público. El proyecto contempla la fusión de carteras ministeriales y la reducción de entidades gubernamentales de 209 a 104.

El debate sobre el tamaño del Estado y la eficiencia del gasto público ha cobrado un nuevo impulso tras conocerse los detalles preliminares de un proyecto de reorganización administrativa en Colombia. De acuerdo con la información revelada originalmente por la emisora Blu Radio y replicada por diversos medios nacionales, el Ejecutivo evalúa un borrador denominado Ley de Rescate Fiscal que transformaría de manera sustancial el organigrama de la rama ejecutiva.

El objetivo central de esta iniciativa radica en la contención del gasto de funcionamiento y la simplificación de la burocracia estatal. Para lograrlo, el texto plantea pasar de las 209 entidades públicas existentes en la actualidad a un total de 104, lo que equivale a una reducción de casi el 50 % del aparato institucional mediante procesos de fusión, supresión o reestructuración administrativa.

Uno de los puntos más relevantes del documento de 36 páginas es la compactación del gabinete ministerial. En lugar de mantener la estructura tradicional compuesta por cerca de diecinueve carteras, la propuesta del Gobierno encabezado por Abelardo de la Espriella sugiere concentrar la administración pública en únicamente siete grandes ministerios que agruparían las funciones de los demás despachos.

Según el borrador que se encuentra en fase de revisión por parte de la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República, las carteras que continuarían operando bajo este esquema simplificado serían las siguientes:

• Ministerio de Hacienda: encargado de la política fiscal, presupuestal y macroeconómica del país.
• Ministerio de la Presidencia: enfocado en la articulación política y administrativa desde el Ejecutivo central.
• Cancillería (Ministerio de Relaciones Exteriores): responsable de la política internacional y el servicio diplomático.
• Ministerio de Justicia e Interior: una cartera fusionada que asumiría tanto los asuntos políticos y de gobernanza territorial como la articulación con la rama judicial.
• Ministerio de Defensa: dedicado a la seguridad nacional y la dirección de la fuerza pública.
• Ministerio de Desarrollo Económico: un despacho que concentraría las políticas productivas, comerciales, de infraestructura y sectoriales que hoy están dispersas en varias carteras.
• Ministerio de Capital Humano: diseñado para agrupar las áreas sociales del Estado, tales como educación, salud, trabajo y protección social.

Reforma en los departamentos administrativos y entidades técnicas

La reestructuración proyectada no se limita únicamente a los ministerios, sino que alcanza también a los órganos técnicos que dependen directamente del Ejecutivo. El texto fue estructurado inicialmente por el Departamento Administrativo de la Función Pública y contempla una reducción drástica en esta categoría institucional, pasando de seis departamentos administrativos a solamente dos.

Por un lado, se establecería el Departamento de Planeación Nacional, Inversión y Desarrollo, el cual absorbería y centralizaría las competencias que hoy ejerce el Departamento Nacional de Planeación (DNP) en materia de formulación de políticas a largo plazo y distribución de recursos de inversión. Por otro lado, se crearía el Departamento de Información, Estadística y Evidencia Pública, entidad que concentraría las labores técnicas que en la actualidad desarrolla el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

Alcance jurídico y trámite de la propuesta de ajuste fiscal

Es importante precisar que la información conocida corresponde a un documento de trabajo o borrador que aún surte etapas de validación jurídica interna dentro del Gobierno. En el ordenamiento constitucional colombiano, cualquier modificación de fondo que implique alterar la estructura de la administración nacional o fusionar ministerios requiere superar el debate legislativo en el Congreso de la República o contar con facultades extraordinarias otorgadas por el Legislativo al presidente.

Asimismo, los procesos de supresión o fusión de entidades estatales conllevan retos técnicos y jurídicos significativos, especialmente en lo referente a los derechos laborales de los servidores públicos vinculados en carrera administrativa, la reasignación de presupuestos ya comprometidos y la continuidad en la prestación de los servicios públicos esenciales a los ciudadanos durante el periodo de transición.