La Procuraduría General de la Nación solicitó formalmente a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres la apertura del censo de afectados. La medida busca incluir a las familias rurales y de territorios étnicos que quedaron por fuera del sistema tras el temblor de agosto.

La intervención del órgano de control responde a una serie de visitas de seguimiento realizadas por funcionarios de la entidad en los departamentos de Risaralda, Quindío y Caldas. Durante estos encuentros institucionales, los alcaldes locales y los gobernadores expusieron los avances del proceso de atención, pero también las severas limitaciones logísticas y administrativas que han impedido completar la consolidación del censo de ciudadanos afectados tras el fuerte movimiento telúrico reportado el pasado 10 de agosto.

Desafíos en la caracterización de la población afectada

El proceso de recolección de datos mediante el Registro Único de Damnificados es el mecanismo oficial establecido en el país para canalizar las ayudas humanitarias de emergencia, los subsidios temporales de arrendamiento y los futuros proyectos de reconstrucción de infraestructura habitacional. Sin embargo, el cierre de esta plataforma técnica generó un subregistro crítico en los sectores geográficamente más aislados de la región. De acuerdo con las verificaciones del Ministerio Público, la Procuraduría General de la Nación constató que las poblaciones campesinas y las comunidades étnicas no dispusieron de los tiempos ni de las herramientas tecnológicas necesarias para realizar el trámite en las fechas inicialmente previstas.

Esta coyuntura expone las brechas de conectividad y accesibilidad en las áreas rurales dispersas. La interrupción de servicios básicos y la falta de redes de telefonía móvil tras el evento sísmico impidieron que muchos líderes comunitarios reportaran de manera oportuna los daños materiales sufridos en viviendas, vías secundarias y unidades productivas agrícolas.

Impacto del sismo en la región del Eje Cafetero

El territorio comprendido por los departamentos del Eje Cafetero presenta una compleja condición tectónica debido a la presencia de fallas geológicas activas. La sacudida telúrica afectó principalmente a estructuras residenciales construidas con materiales tradicionales o mampostería no reforzada, un patrón arquitectónico habitual en las zonas rurales del centro-occidente colombiano.

Frente a esta situación, las secretarías de gestión del riesgo de los entes territoriales han trabajado junto a los cuerpos de socorro. No obstante, las capacidades presupuestales de los municipios resultan insuficientes para responder a la contingencia sin la cofinanciación y coordinación directa del gobierno central mediante la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.

Garantías de transparencia y atención institucional

La solicitud de reapertura del registro busca salvaguardar el acceso a la oferta estatal de las poblaciones en situación de vulnerabilidad. Las autoridades del ente de control enfatizaron la necesidad de evitar que los ciudadanos afectados queden excluidos de los esquemas de ayuda por barreras burocráticas o plazos institucionales que no se ajustan a las realidades del territorio.

Para asegurar la efectividad del censo, se sugirió la realización de jornadas presenciales y brigadas móviles que se trasladen directamente a las veredas y corregimientos distantes. Este mecanismo facilitaría la verificación técnica en sitio sobre el estado estructural de los inmuebles y la composición de los hogares damnificados.

Marco normativo de la gestión del riesgo en Colombia

La estructuración de respuestas ante emergencias naturales en el país se fundamenta en los principios de la ley de gestión del riesgo de desastres, la cual establece una responsabilidad compartida entre la Nación, los departamentos y los municipios bajo los criterios de subsidiariedad y concurrencia. Cuando la escala de un evento sísmico supera las capacidades operativas locales, la intervención del nivel nacional resulta indispensable para la posterior etapa de recuperación.

Con esta recomendación preventiva, la Procuraduría espera que las autoridades competentes ajusten los cronogramas de inscripción y habiliten nuevamente los canales necesarios para que la totalidad de la población afectada reciba la evaluación de daños correspondiente.