El Gobierno radicó un proyecto de ley que plantea un ajuste escalonado en las cotizaciones al sistema sanitario para quienes devenguen más de dos salarios mínimos mensuales. De ser aprobada en el Congreso, esta modificación entraría en vigencia a partir de 2027 con tasas para el empleado de hasta el 8 %.

El Ejecutivo presentó el pasado 29 de octubre ante la Cámara de Representantes la denominada Ley de Rescate Económico, identificada como el Proyecto de Ley 477 de 2026. Esta iniciativa legislativa tiene como objetivo central reducir el gasto público en aproximadamente un 15 % e incorpora reformas estructurales en la financiación del aseguramiento social.

Entre las disposiciones más relevantes del articulado impulsado por el Ministerio de Hacienda figura la modificación en los porcentajes de cotización a salud asumidos directamente por los empleados. Según un análisis detallado del texto radicado publicado por el diario El Tiempo, la medida afectaría exclusivamente a los trabajadores cuyos ingresos mensuales superen el umbral de los dos salarios mínimos legales vigentes.

En la actualidad, la normativa colombiana establece que el aporte obligatorio al sistema de salud equivale al 12,5 % del ingreso base de cotización de cada trabajador vinculado mediante contrato laboral. Esta carga financiera se distribuye de manera fija sin importar el nivel salarial del ciudadano: el empleador asume el 8,5 % y al trabajador se le descuenta por nómina el 4 % restante.

La propuesta gubernamental conserva intacta la contribución patronal en el 8,5 %, pero transforma la tarifa fija del empleado en un modelo progresivo dividido en ocho tramos salariales. Quienes perciban ingresos de hasta dos salarios mínimos (equivalentes a 3.501.810 pesos según las estimaciones del proyecto) mantendrán el descuento habitual del 4 %.

Sin embargo, a partir de ese tope, el porcentaje asignado al trabajador se incrementará de forma escalonada según su nivel de ingresos:

• Hasta dos salarios mínimos: se conserva la tarifa base del 4 % asumida por el empleado.
• Entre más de dos y cuatro salarios mínimos: el aporte del trabajador ascendería al 5,5 % de su remuneración total.
• Tramos superiores: la cotización subirá progresivamente en función del rango salarial hasta alcanzar un límite máximo del 8 % para las rentas laborales más altas del país.

Impacto financiero en el bolsillo de los cotizantes

Un aspecto técnico determinante del Proyecto de Ley 477 de 2026 radica en que la nueva tarifa porcentual se aplicaría sobre la totalidad del salario devengado y no únicamente sobre el monto marginal que exceda el límite de los dos salarios mínimos. Esta regla de cálculo genera diferencias notables apenas se supera la barrera establecida en la tabla.

De acuerdo con las proyecciones basadas en el texto legislativo, si un empleado supera por tan solo 1.000 pesos el umbral de los dos salarios mínimos, su contribución mensual pasaría de 140.200 pesos a 192.700 pesos. Esto representa un incremento inmediato de 52.500 pesos mensuales debido al salto automático del 4 % al 5,5 % sobre la base salarial completa.

En los rangos de ingresos medios y altos, la progresividad del articulado se refleja con mayor intensidad:

• Salario mensual de 6 millones de pesos: el descuento por salud subiría de los 240.000 pesos actuales a 330.000 pesos al mes.
• Salario mensual de 15 millones de pesos: el aporte pasaría de 600.000 pesos a 975.000 pesos mensuales.
• Cotizantes sobre el tope máximo legal: verían duplicada su contribución mensual obligatoria, pasando de 1.751.000 pesos a 3.501.900 pesos.

Justificación fiscal y proyecciones de recaudo para el sistema

En la exposición de motivos adjunta al proyecto, el Gobierno argumenta que las tarifas de cotización al régimen contributivo no han experimentado actualizaciones desde el año 2007. Durante las últimas dos décadas, no obstante, el sistema sanitario ha registrado una expansión constante tanto en la cobertura poblacional como en la frecuencia de uso de los servicios médicos y tecnologías en salud.

Las estimaciones oficiales advierten que, de mantenerse el esquema de financiamiento vigente sin modificaciones, la demanda de recursos provenientes del Presupuesto General de la Nación para sostener el aseguramiento en salud podría escalar hasta el 3,1 % del Producto Interno Bruto (PIB) hacia el año 2037.

Con el ajuste en las tasas de aporte laboral a partir de 2027, el Ejecutivo calcula un recaudo adicional equivalente al 0,2 % del PIB. Estos fondos públicos ingresarían directamente a la Adres (Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud) para fortalecer la liquidez de la entidad. El documento deberá superar ahora los debates reglamentarios en el Congreso de la República, instancia donde los legisladores podrán modificar, aprobar o archivar la iniciativa antes de que tenga efectos vinculantes sobre la nómina de los trabajadores.