El Gobierno nacional alista un nuevo decreto que regulará la actuación de la Fuerza Pública en movilizaciones sociales. La normativa permitirá ejecutar acciones de orden público de manera simultánea con las mesas de diálogo.

La regulación de las manifestaciones ciudadanas en Colombia atraviesa un proceso de revisión normativa impulsado por el ejecutivo. Con el fin de equilibrar la garantía del derecho constitucional a la protesta pacífica y el resguardo de la seguridad ciudadana, el Gobierno nacional prepara un decreto que define los protocolos de actuación de los organismos de seguridad del Estado. La medida busca actualizar las pautas bajo las cuales la Policía Nacional de Colombia debe operar durante eventos de alteración del orden público en el marco de concentraciones masivas.

La propuesta técnica plantea que el despliegue de las unidades de control de orden público no necesariamente requiera el agotamiento total de las etapas previas de negociación cuando existan riesgos inminentes para la vida o la infraestructura crítica. De este modo, los procedimientos de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden podrán ejecutarse de forma concurrente con las mesas de concertación que lideran los gestores institucionales de convivencia.

Uso proporcional de la fuerza y mecanismos de diálogo

El principio rector del borrador de decreto es mantener la intermediación civil como la vía principal para la resolución de conflictos comunitarios. No obstante, las autoridades han identificado que en diversas situaciones de alteración del orden coexisten manifestaciones legítimas con actos de violencia focalizados. Frente a este panorama, el Ministerio del Interior ha coordinado mesas de trabajo para precisar los límites normativos que permitan la acción policial dirigida exclusivamente hacia las personas que cometan conductas punibles, sin interrumpir los canales de comunicación con los voceros pacíficos.

La legislación colombiana consagra la protección de las reuniones y manifestaciones en el espacio público. Sin embargo, la jurisprudencia ha reiterado que esta prerrogativa no es absoluta y debe ponderarse con la protección integral de los derechos colectivos, tales como la movilidad, la salud y la seguridad pública. Por ello, el documento especifica que las intervenciones operativas deberán ceñirse estrictamente a principios de necesidad, gradualidad, proporcionalidad y legalidad.

Alineación con estándares de jurisprudencia y derechos humanos

El nuevo decreto incorpora elementos conceptuales y operativos fijados por fallos clave de la Corte Constitucional de Colombia, los cuales establecen parámetros rígidos para prevenir el uso desmedido de la fuerza contra la población civil. Asimismo, las directrices atienden las observaciones formuladas por organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que en diversos informes sobre seguridad ciudadana ha urgido a diferenciar claramente entre los manifestantes pacíficos y los focos violentos.

Para dar cumplimiento a estos lineamientos, el texto prevé la presencia permanente de representantes de los ministerios públicos y agencias de control en los Puestos de Mando Unificado (PMU). Estos espacios de articulación técnica monitorearán la evolución del evento a través de sistemas de videovigilancia y comunicación continua con el personal desplegado en el terreno.

Articulación técnica entre entidades territoriales y el Gobierno

Uno de los componentes centrales del proyecto gubernamental radica en la delimitación clara de responsabilidades entre los gobernadores, alcaldes y los mandos policiales. Como primeras autoridades de policía en sus respectivas jurisdicciones, los mandatarios locales mantendrán la facultad primigenia de instar al diálogo antes de autorizar intervenciones operativas de mayor escala.

Adicionalmente, el decreto fortalecerá la documentación de los procedimientos. Cada intervención llevada a cabo por las unidades especializadas deberá contar con registros audiovisuales que permitan realizar auditorías posteriores y verificar el cumplimiento riguroso de los protocolos. Este mecanismo de rendición de cuentas busca garantizar la transparencia en la actuación estatal, ofrecer elementos probatorios ante eventuales investigaciones disciplinarias o penales y fortalecer la confianza institucional durante el desarrollo de la movilización social en todo el territorio nacional.