La familia de Blanca Emeria Pardo Rosero exige celeridad en las investigaciones judiciales tras su fallecimiento en San Bernardo, Nariño. Tras un mes de los hechos ocurridos en la vereda Plazuelas, los allegados advierten sobre la ausencia de capturas.

El caso de Blanca Emeria Pardo Rosero, una campesina de 72 años residente del municipio de San Bernardo, en el departamento de Nariño, ha generado conmoción en la comunidad local y una renovada solicitud de intervención a las autoridades judiciales. La agresión ocurrió el 29 de agosto de 2026, cuando la mujer se desplazó hacia un terreno rural en la vereda Plazuelas con el objetivo de recolectar leña, una actividad cotidiana en su entorno habitual. Tras no regresar a su vivienda, sus allegados iniciaron la búsqueda hasta hallarla en estado crítico de salud y con graves signos de violencia en un potrero de su propiedad.

Luego del hallazgo, la víctima recibió atención inicial en un centro médico local de San Bernardo. Ante la gravedad de sus lesiones físicas y el estado de shock reportado por el personal sanitario, los profesionales de la salud ordenaron su traslado urgente hacia un centro asistencial de mayor complejidad en la ciudad de Pasto. A pesar de las intervenciones médicas de emergencia, la mujer falleció el 30 de agosto de 2026 como consecuencia de la severidad de las heridas sufridas durante el ataque.

Investigación a cargo de los organismos de control

Más de cuatro semanas después de lo sucedido, la familia de la víctima manifestó su preocupación pública por la ausencia de detenciones o avances significativos en el proceso de identificación del responsable. Jenny Pardo, una de las seis hijas de la víctima, realizó un llamado formal a las instituciones competentes, entre ellas la Fiscalía General de la Nación, para que se refuercen las labores de criminalística e inteligencia en el sector rural donde sucedieron los acontecimientos.

La representante familiar enfatizó que la falta de resultados procesales no solo genera impunidad en el caso particular de su madre, sino que incrementa el nivel de riesgo para las demás mujeres y adultos mayores que residen en las veredas del municipio. Según sus declaraciones, la permanencia del agresor en libertad representa una amenaza latente para los habitantes de las zonas agropecuarias del departamento de Nariño.

Riesgos en el entorno rural y mecanismos de protección

Las agresiones cometidas contra personas de la tercera edad en zonas alejadas representan un desafío para las redes de seguridad ciudadana y la respuesta médica de emergencia. Diversos análisis del Ministerio de Justicia y del Derecho señalan que los sectores rurales suelen presentar barreras de acceso para la rápida denuncia y la recolección oportuna de pruebas periciales, lo cual exige una coordinación efectiva entre la Policía Nacional y la justicia ordinaria para garantizar el debido proceso y evitar la revictimización.

En Colombia, las denuncias asociadas a la violencia contra la mujer y la población mayor son priorizadas bajo protocolos de atención urgente articulados con el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Este organismo se encarga de realizar los exámenes médico-legales indispensables para establecer las causas objetivas del deceso y suministrar elementos materiales probatorios utilizables en las etapas de juzgamiento.

Llamado a la efectividad en la administración de justicia

La comunidad de San Bernardo y organizaciones de la sociedad civil han expresado su solidaridad con la familia Pardo Rosero, reiterando la necesidad de que los crímenes violentos contra la población vulnerable no queden sin sanción legal. La exigencia central de los allegados radica en evitar que el expediente quede archivado sin resolver y en asegurar la presencia permanente de fuerza pública en los senderos y veredas donde la población campesina realiza sus labores productivas diarias.

La familia ha reiterado que mantendrá el reclamo público ante los medios de comunicación y las instancias administrativas hasta obtener una respuesta definitiva sobre la identidad del autor de los hechos. La celeridad en las actuaciones judiciales es vista por la población local como una medida indispensable para devolver la tranquilidad a las zonas rurales del municipio y garantizar la protección del derecho a la vida de sus habitantes.