La empresaria Daneidy Barrera Rojas expuso los avances de su condena durante una audiencia judicial de reparación integral con el sistema TransMilenio. En la diligencia, la procesada afirmó estar cerca de recibir el beneficio de prisión domiciliaria.

La situación jurídica de la creadora de contenido y empresaria Daneidy Barrera Rojas, conocida públicamente como Epa Colombia, ha tomado un nuevo rumbo tras su reciente intervención ante las autoridades judiciales. Durante una audiencia virtual enfocada en la fijación de la reparación integral a favor del sistema de transporte público de Bogotá, Barrera Rojas detalló el estado de su condena penal y las posibilidades legales de acceder a la detención domiciliaria en un futuro cercano.

El origen del proceso judicial y la condena de 63 meses

El caso contra la empresaria se remonta a los acontecimientos de noviembre de 2019, cuando en el marco de las manifestaciones sociales registradas en la capital colombiana, la procesada publicó un video en redes sociales realizando actos de vandalismo contra una estación del sistema de transporte. A raíz de estos hechos, la Rama Judicial de Colombia adelantó un proceso penal por los delitos de perturbación en servicio de transporte público, instigación a delinquir con fines terroristas y daño en bien ajeno.

Aunque en primera instancia una jueza local le otorgó un beneficio que no implicaba prisión efectiva, la decisión fue apelada por la Fiscalía General de la Nación. Posteriormente, el Tribunal Superior de Bogotá revocó dicha medida e impuso una pena de 63 meses de prisión, ordenando su captura y la inhabilitación para ejercer labores como influenciadora o creadora de contenido digital durante el mismo periodo impuso la sanción.

Acuerdo pedagógico y económico con TransMilenio

En el marco de la audiencia de reparación integral, la defensa de la procesada y los representantes del sistema de transporte TransMilenio presentaron un acuerdo que contó con la aprobación del despacho judicial. Este compromiso abarca tanto una indemnización económica por los daños materiales ocasionados a la infraestructura pública como la realización de campañas de pedagogía ciudadana.

El plan pedagógico exige la creación e impartición de contenidos orientados al cuidado del patrimonio público, el respeto a los usuarios y el uso adecuado de los buses e instalaciones. El objetivo de estas medidas restaurativas es resarcir el impacto social derivado de las acciones cometidas en 2019, permitiendo que la sanción no solo tenga un carácter punitivo, sino también educativo y reparador para la comunidad bogotana.

Contabilidad de la pena y proyección de la medida domiciliaria

Durante la diligencia judicial, Barrera Rojas ofreció detalles sobre la contabilidad de su tiempo de reclusión. Según sus declaraciones, recogidas por medios de comunicación como El Tiempo, la pena total impuesta equivale a 63 meses de prisión, de los cuales afirma haber descontado una porción significativa mediante los mecanismos legales de redención de pena por trabajo o estudio, acumulando cerca de 26 meses contabilizados a su favor.

La procesada aclaró que no está solicitando la libertad condicional de forma inmediata, sino que enfoca sus aspiraciones jurídicas en el traslado hacia la detención domiciliaria. En su intervención manifestó haber sostenido comunicación con el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas de Bogotá, autoridad competente para evaluar el cumplimiento de las condiciones formales y sustanciales necesarias para autorizar el cambio en la modalidad de cumplimiento de la sanción.

Requisitos legales para la sustitución de la prisión en Colombia

De acuerdo con el Código Penal Colombiano y los lineamientos de la Corte Constitucional de Colombia, el otorgamiento de la detención domiciliaria depende de diversos factores objetivos y subjetivos. Entre ellos se destacan la proporción de la pena cumplida, el buen comportamiento demostrado dentro del centro penitenciario y el arraigo familiar o laboral del procesado, aspectos analizados de forma recurrente por la prensa especializada como El Espectador.

El juez de ejecución de penas es el único órgano competente para decidir si concede la sustitución de la medida intrapenitenciaria por la domiciliaria. Por ende, la eventual salida del establecimiento carcelario donde se encuentra recluida dependerá del análisis riguroso de las planillas de redención de pena, los informes de conducta expedidos por las autoridades penitenciarias y la verificación del cumplimiento cabal de las obligaciones pactadas con las instituciones afectadas.