El Gobierno colombiano ha iniciado la distribución de sistemas electrónicos de fabricación propia para neutralizar ataques con aeronaves no tripuladas en las regiones más afectadas por el conflicto armado. Esta medida responde al incremento sostenido de atentados perpetrados mediante dispositivos aéreos cargados con explosivos.

El titular del Ministerio de Defensa, Jorge Eduardo Mora, oficializó la entrega y puesta en marcha de una nueva tecnología antidrones diseñada íntegramente por personal de las fuerzas armadas colombianas. Estos dispositivos, que operan como armas inhibidoras de señal en el terreno táctico, buscan mitigar la creciente amenaza de los artefactos aéreos no tripulados acondicionados con explosivos, una modalidad que ya acumula cerca de 350 incidentes registrados en el país durante el transcurso de 2026.

Además de la fabricación de estos equipos con talento humano local, el sector defensa puso en funcionamiento un centro observatorio especializado en el análisis de la guerra de drones. Según las declaraciones de Mora, la administración nacional tiene previsto gestionar la patente correspondiente a estos desarrollos tecnológicos, los cuales ya han despertado el interés y el reconocimiento de otras naciones debido a sus prestaciones operativas y su diseño adaptado al combate irregular.

Priorización territorial y alcance logístico en las fuerzas de seguridad

La distribución de estos sistemas de defensa electrónica se realiza de forma progresiva, priorizando aquellas jurisdicciones donde la población civil y la fuerza pública enfrentan mayores riesgos de seguridad. El despliegue logístico representa un desafío considerable para el Estado, dado que el Ejército Nacional de Colombia dispone en la actualidad de más de 3.200 pelotones desplegados en el terreno, mientras que la Policía Nacional cuenta con una red superior a las 2.200 estaciones a nivel nacional.

Ante la magnitud de la cobertura requerida, las autoridades determinaron enviar los primeros lotes de inhibidores a subregiones estratégicas con fuertes alteraciones del orden público. Entre los territorios que ya cuentan con pelotones operando esta tecnología destacan:

• La subregión del Catatumbo, en el departamento de Norte de Santander.
• Los departamentos del Cauca, Nariño y Putumayo, en el suroccidente y sur del país.
• El sur de Bolívar y el nordeste del departamento de Antioquia.

En una intervención ante los medios de comunicación, el ministro Mora subrayó que estos equipos fabricados en el país ya se encuentran activos en las zonas de operaciones, cumpliendo tareas de protección directa tanto para los uniformados como para las comunidades rurales que habitan cerca de las bases militares y estaciones policiales.

Concentración de los ataques y actores armados identificados

Los balances oficiales divulgados por la cartera de defensa revelan una marcada concentración geográfica de esta modalidad delictiva. Aproximadamente el 71 % de las agresiones perpetradas con aeronaves no tripuladas durante 2026 tuvieron lugar en cuatro departamentos específicos: Cauca, Chocó, Valle del Cauca y Norte de Santander. Las investigaciones militares señalan que las facciones disidentes del Estado Mayor Central, comandadas por alias Iván Mordisco, encabezan el uso de estos artefactos explosivos improvisados, seguidas en frecuencia por estructuras del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y del denominado Clan del Golfo.

La gravedad del fenómeno se refleja en la frecuencia de los hechos y en su impacto humanitario. Las estadísticas recopiladas sobre el conflicto advierten que se ha llegado a registrar un promedio de un ataque con drones cada 20 minutos en las áreas más convulsas. De forma paralela, los registros de organizaciones no gubernamentales como el Instituto Indepaz contabilizan un saldo que supera las 480 víctimas, sumando personas fallecidas y heridas, desde que los grupos armados ilegales intensificaron el uso sistemático de estas herramientas aéreas.

El reto de la obsolescencia tecnológica y la producción futura

Uno de los principales obstáculos que enfrenta la fuerza pública en este ámbito es la rápida evolución de los componentes electrónicos comerciales. El jefe de la cartera de defensa explicó que los sistemas de navegación y radiocomunicación empleados por las redes criminales cambian con gran velocidad, lo que provoca que los equipos inhibidores sufran una obsolescencia técnica acelerada y pierdan vigencia en cortos periodos de tiempo.

Para contrarrestar esta limitación técnica, las Fuerzas Militares mantienen un programa de actualización y renovación continua de sus dispositivos electrónicos. La proyección del Gobierno para los próximos meses contempla sostener la línea de producción industrial propia y ejecutar entregas escalonadas de nuevos lotes. El objetivo estratégico es dotar de capacidad de defensa aérea de corto alcance a la totalidad de las unidades militares, garantizando así la autonomía tecnológica e industrial del país frente a las amenazas asimétricas en el espacio aéreo rural.