La representación legal del exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres busca que el procesado regrese a una guarnición militar. A la par, la Fiscalía General de la Nación impuso medidas cautelares sobre bienes vinculados al entramado de corrupción.

La defensa de Olmedo López Martínez, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), radicó una acción de tutela con el propósito de revertir su traslado hacia el Complejo Penitenciario y Carcelario de Bogotá, conocido como La Picota. El abogado penalista José Luis Moreno sostuvo que la permanencia de su representado en dicho establecimiento carcelario representa un riesgo para su integridad física, al considerarse un testigo clave dentro de las investigaciones por presuntas irregularidades en la contratación pública.

Según el equipo legal, López Martínez se encontraba previamente en el Cantón Militar Caldas, en la capital colombiana, mientras que el exsubdirector de la misma entidad, Sneyder Augusto Pinilla Álvarez, permanecía en la Escuela de Artillería. Ambas defensas argumentan que el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) habría inobservado una orden judicial que disponía la reclusión de los procesados en unidades militares para resguardar su seguridad personal durante el avance de los procesos judiciales.

Argumentos sobre la seguridad de los testigos

La representación jurídica de Olmedo López enfatizó que el exfuncionario ha manifestado su intención de colaborar con las autoridades en el esclarecimiento de hechos que salpicarían a más de una veintena de altos servidores públicos, entre los que figuran exministros, excongresistas y contratistas. En sus declaraciones, la defensa remarcó que la medida busca proteger el derecho fundamental al debido proceso y a la vida de quien ejerce como testigo en la causa penal.

Asimismo, el abogado Luis Gustavo Moreno, representante de Sneyder Pinilla, reiteró que la vigencia de la disposición que ordenaba el internamiento en guarniciones militares debe respetarse por parte de las autoridades penitenciarias. Los defensores cuestionaron además que los procesados compartan espacio de reclusión con otros implicados en las investigaciones adelantadas por la Rama Judicial de Colombia, solicitando la revisión de las decisiones administrativas ante los jueces de control de garantías competentes.

Embargo de activos por 20.000 millones de pesos

En paralelo a la discusión sobre el lugar de reclusión, la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio de la Fiscalía General de la Nación ejecutó medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión sobre 25 bienes inmuebles y sociedades. Estas propiedades están evaluadas preliminarmente en una cifra cercana a los 20.000 millones de pesos colombianos.

Las diligencias operativas contaron con el apoyo técnico del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y el acompañamiento del Ejército Nacional. De acuerdo con los reportes institucionales, las acciones investigativas se enfocaron en rastrear el patrimonio de seis personas señaladas de participar en el direccionamiento de contratos y la presunta desviación de recursos destinados a atender situaciones de emergencia climática y mitigación del riesgo en diversas regiones del país.

Distribución geográfica y titulares de los bienes afectados

Los activos objeto de las medidas cautelares comprenden 19 bienes inmuebles y 6 sociedades comerciales distribuidos en ciudades como Bogotá, Medellín, Montería, Pasto, Cúcuta, Villavicencio, así como en los municipios de Sopó, Tabio, Chachagüí, Juan de Acosta y Sabana de Torres. Entre las propiedades intervenidas se encuentran activos vinculados a los siguientes procesados:

• Iván Leónidas Name Vásquez: cuatro propiedades localizadas en Bogotá, Juan de Acosta, Villavicencio y Sopó, incluyendo participaciones porcentuales sobre los predios.
• Andrés Calle Aguas: cuatro bienes inmuebles ubicados en la ciudad de Montería, departamento de Córdoba.
• Olmedo de Jesús López Martínez: un inmueble ubicado en el municipio de Medellín, Antioquia.
• Sneyder Augusto Pinilla Álvarez: un predio registrado en Sabana de Torres, Santander.
• Pedro Rodríguez Melo: una propiedad situada en el municipio de Tabio, Cundinamarca.
• Luis Eduardo López Rosero: siete bienes inmuebles en Pasto, Chachagüí y Cúcuta, además de sociedades que habrían sido empleadas en las operaciones de contratación.

Desarrollo de las investigaciones disciplinarias y penales

El ente fiscalizador señaló que las investigaciones patrimoniales continúan abiertas para determinar si existió una red corporativa dedicada al blanqueo o desvío de los caudales públicos. El proceso penal por la contratación en la UNGRD busca precisar la trazabilidad de los giros financieros y verificar el grado de responsabilidad de cada uno de los investigados, mientras la judicatura resuelve los recursos constitucionales presentados por la defensa respecto al lugar definitivo de reclusión de López y Pinilla.