La Comisión Primera del Senado aprobó en su primer debate una iniciativa legislativa que plantea finalizar las labores de las salas de la Jurisdicción Especial para la Paz tras una década de operaciones. El proyecto propone que los expedientes aún pendientes pasen a manos de la justicia ordinaria colombiana.

El futuro de la justicia transicional en Colombia enfrenta un nuevo debate legislativo. La Comisión Primera del Senado de la República dio luz verde, en el primero de los ocho debates requeridos por tratarse de un acto legislativo, a una propuesta de reforma constitucional diseñada para modificar el horizonte temporal de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). El texto aprobado plantea que las salas que conforman este tribunal especial concluyan sus funciones de manera definitiva en marzo del año 2028, momento en el que se cumplirían diez años desde el inicio formal de sus actividades.

De acuerdo con los lineamientos del proyecto, una vez alcanzada esa fecha límite, todos los procesos, investigaciones y asuntos que continúen abiertos en el Tribunal para la Paz serían transferidos de forma directa a la jurisdicción ordinaria. Esta medida representaría una modificación sustancial en la arquitectura institucional creada a partir del acuerdo de paz firmado en 2016, alterando los plazos originalmente previstos para el juzgamiento de los delitos cometidos en el marco del conflicto armado colombiano.

Argumentos sobre el rendimiento procesal y los plazos de la jurisdicción

La iniciativa legislativa ha sido promovida por el senador Enrique Gómez, quien sustenta la necesidad de esta reforma en lo que califica como una demora significativa en la emisión de resoluciones judiciales definitivas. Durante la sesión parlamentaria, el congresista expuso cifras sobre el balance operativo de la entidad para justificar el traslado de competencias tras una década de labores.

Según lo manifestado por el senador Gómez durante el debate, el tribunal cuenta actualmente con cerca de 37 subcasos abiertos dentro de sus macrocasos de investigación, de los cuales únicamente seis registrarían fallos parciales hasta la fecha. A juicio del promotor del proyecto, esta proporción evidencia dificultades estructurales en el procedimiento interno adoptado por la jurisdicción, lo que habría impedido resolver con celeridad la situación jurídica tanto de los excombatientes firmantes del acuerdo como de los integrantes de la Fuerza Pública que comparecen ante esta instancia.

Respaldo político y revisión en la Corte Suprema de Justicia

El debate en la célula legislativa contó con la participación activa de diversas bancadas de oposición e independientes que cuestionan la eficacia del modelo actual de justicia transicional. La senadora María Clara Posada expresó su respaldo al articulado, sumándose a las voces que solicitan un límite temporal estricto para el funcionamiento de las salas de justicia.

Adicionalmente, durante el trámite en la Comisión Primera se discutieron y aprobaron proposiciones presentadas por congresistas del partido Centro Democrático orientadas a modificar el régimen de control sobre las decisiones del tribunal. En concreto, se incorporó un apartado que busca establecer un mecanismo de verificación para las sentencias condenatorias emitidas por la jurisdicción especial. Bajo este esquema propuesto, dichos fallos quedarían sujetos a una instancia de revisión por parte de la Corte Suprema de Justicia, integrando así a la máxima autoridad de la jurisdicción ordinaria en la supervisión de las determinaciones transicionales.

• Cierre programado: finalización de las actividades de las salas de la JEP en marzo de 2028, al cumplirse diez años de operación.
• Traslado de expedientes: remisión de los casos pendientes del Tribunal para la Paz hacia los despachos de la justicia ordinaria.
• Instancia de revisión: creación de un mecanismo para que la Corte Suprema de Justicia verifique las sentencias condenatorias emitidas.

El camino legislativo y las controversias en torno al tribunal

A pesar de haber superado este primer escalón en la Comisión Primera, la iniciativa aún debe recorrer un extenso camino parlamentario. Al tratarse de una reforma a la Constitución Política de Colombia, el proyecto requiere superar ocho debates en total, distribuidos en dos vueltas legislativas tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes, además de superar el eventual control automático de constitucionalidad si llegase a ser promulgado.

Este avance legislativo se produce en un contexto de marcada polarización política en torno al desempeño de la JEP, coincidiendo con discusiones sobre ajustes presupuestales y el balance de su aniversario institucional. Mientras los sectores impulsores de la reforma insisten en la necesidad de garantizar seguridad jurídica mediante plazos perentorios y el retorno a la justicia ordinaria, los defensores del modelo transicional y diversos sectores en el Congreso advierten que una interrupción anticipada de las salas podría afectar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, pilares fundamentales sobre los cuales se estructuró el sistema integral de paz.