El expediente, remitido a la Contraloría, reúne denuncias sobre contratos, nombramientos y operaciones de la petrolera y sus filiales. Entre los nombres mencionados figuran Ricardo Roa, Julián Caicedo y personas relacionadas en los documentos con el entorno de Verónica Alcocer.

La posible filtración de información reservada, el presunto direccionamiento de contratos y las dudas sobre la vinculación de personal hacen parte de los asuntos que quedaron consignados en una auditoría forense a Ecopetrol. La documentación reúne 34 casos que ahora están en conocimiento de la Contraloría General de la República, entidad que deberá examinar las denuncias y establecer si existen responsabilidades.

Uno de los capítulos que concentra varios señalamientos está relacionado con la contratación de servicios de construcción y el proceso de selección de proveedores. En ese apartado aparece Metalpar, compañía sobre la que se revisó una posible entrega anticipada de información confidencial. Según los documentos, entre 2020 y 2024 un funcionario de Cenit habría enviado a personas externas 153 correos con copia oculta que contenían presupuestos, tarifas de competidores y archivos que aún no habían sido publicados.

El expediente también registra que un contrato vinculado con esa empresa habría pasado de 54.000 millones a 240.273 millones de pesos, un incremento calculado en 345 %. La auditoría pidió esclarecer las condiciones en las que se produjo esa variación y examinar si hubo ventajas indebidas durante el proceso.

Otro negocio bajo revisión corresponde a la contratación de helicópteros por 100 millones de dólares durante cinco años. La disputa entre Helicol y Helistar por ese proceso incluyó acusaciones de posible favorecimiento. A partir de testimonios recibidos, los auditores solicitaron verificar si hubo reuniones o registros de asistencia de representantes de Helistar en la Presidencia de Ecopetrol. En ese capítulo aparecen mencionados Ricardo Roa, Julián Caicedo y Danilo Romero, aunque las referencias corresponden a sospechas que deben ser verificadas.

La auditoría también revisó una reclamación de Ismocol a Cenit por pagos adicionales de un contrato cuyo valor supera los 1,4 billones de pesos. Un borrador del documento calculó la reclamación en 178.775 millones y mencionó una presunta comisión equivalente al 30 % del monto reconocido. En ese asunto aparecen Romero, Caicedo y Edwin Palma, quien entonces estaba vinculado al Ministerio de Minas y Energía.

Las dudas no se limitan a un solo contrato. Los informes examinaron acuerdos de mantenimiento de infraestructura de Cenit con Ismocol, Termotécnica y Metalpar, por cerca de 2,3 billones de pesos. El material pide establecer si las propuestas fueron evaluadas con criterios objetivos y recoge señalamientos sobre posibles dádivas a Caicedo, Roa y Romero.

En otro frente, la comercialización de petróleo hacia África también quedó bajo escrutinio. La auditoría revisó operaciones en las que la firma turca BGN habría tenido exclusividad para ese mercado y en las que, según el expediente, habrían intervenido Manel Grau, Fabio Mascialino, Julián Caicedo y el exvicepresidente comercial Julio César Herrera. La documentación plantea que buscaban mantener la continuidad de esos negocios.

El nombre de Felipe Trujillo, exvicepresidente comercial, aparece en ese contexto junto al de Grau, Enrico Romagnoli y Mascialino. Los documentos también incluyen cuestionamientos sobre empresas incorporadas al negocio petroquímico y 16 inmuebles en Estados Unidos, valorados en más de 2,5 millones de dólares, que estarían relacionados con Trujillo o con sociedades vinculadas a él.

Trujillo negó ante el medio que divulgó la información haber favorecido negocios y afirmó que Roa convocó dos reuniones con Grau. También relató que el ciudadano catalán y uno de los italianos aseguraron tener cercanía con la Casa de Nariño: “No me insinuaron, me lo dijeron de forma directa. ‘Es que usted no sabe de parte de quién nosotros venimos, de su jefe’”, sostuvo.

La revisión incluyó, además, posibles intervenciones en la contratación y selección de personal en distintas filiales. Caicedo aparece mencionado en 11 capítulos por presuntas gestiones en reuniones, procesos contractuales y vinculaciones laborales. Entre los casos figura la contratación en Oleoducto de los Llanos Orientales (ODL) de Leandro Hermosa Cano, señalado en los documentos como familiar suyo. La denuncia sostiene que el cargo no estaba creado inicialmente y que el candidato no cumplía con la experiencia requerida. También se menciona a Liliana Arias Cano, otra familiar que habría trabajado en abastecimiento a través de una empresa contratista.

En los documentos figuran igualmente revisiones de perfiles profesionales contratados mediante Michael Page y la selección de cinco gerentes de energía. En esos procesos aparecen los nombres de Victoria Sepúlveda y Bayron Triana, respectivamente. La contratación de un sistema de seguridad electrónica adjudicado al consorcio Synergytech Oilguard, encabezado por Indra e integrado por Prosegur, también fue objeto de señalamientos. Un denunciante atribuyó a Roa y Caicedo una posible influencia en la evaluación de las propuestas. Entre los anexos se incluyó una oferta por 237.960 millones de pesos y una captura de una conversación, cuyo contenido no constituye por sí mismo prueba de una irregularidad.

El expediente alcanza a otras áreas de la compañía y sus filiales. En el caso de Internexa, se revisó la participación de la empresa en BioNube, un proyecto para construir dos centros de datos en Magdalena y operar una nube soberana. La iniciativa contemplaba una inversión estimada en 160 millones de dólares. Aunque Saúl Kattan, entonces gerente general encargado de Internexa, avaló la participación el 14 de noviembre de 2025, la Vicepresidencia Jurídica de ISA advirtió el 29 de diciembre de ese año sobre las responsabilidades comerciales, técnicas, jurídicas, administrativas y fiscales que asumiría la filial. La información disponible no precisa cómo terminó ese proceso.

Otro señalamiento involucra a Pedro Nel Tabares. Un informe de la empresa Tecna, firmado por su representante legal, Alberto Padilla Navas, sostiene que Tabares habría ofrecido intervenir en decisiones de Ecopetrol a cambio del 10 % de un contrato. La compañía aseguró que rechazó la propuesta.

La auditoría fue promovida por el Comité de Auditoría y Riesgos de la junta directiva, durante la presidencia de ese órgano por parte de Luis Felipe Henao. La revisión, desarrollada entre agosto y septiembre de un año que no se precisa en la información divulgada, fue presentada ante la junta el 14 de septiembre de 2026. Lo que inicialmente contemplaba cinco asuntos terminó ampliándose a 34 casos.

Los señalamientos involucran a Ecopetrol y a sus filiales Cenit, Oleoducto de los Llanos Orientales, Oleoducto de Colombia e Internexa, en sectores como transporte aéreo, vigilancia, energía, gas, infraestructura, tecnología y negocios de hidrocarburos. La remisión del expediente a la Contraloría abre la revisión de los hechos documentados, pero no significa que las presuntas irregularidades estén probadas ni que las personas mencionadas hayan sido declaradas responsables.