Maduro ordena prisión para quienes respalden sanciones contra su Gobierno o funcionarios

En Venezuela, el Parlamento, controlado por el oficialismo, aprobó una ley que sanciona con penas de hasta 30 años de prisión y severas inhabilitaciones políticas a quienes apoyen sanciones internacionales contra el país.

Esta normativa, que también contempla multas de entre 100.000 y un millón de dólares y la posibilidad de juzgar en ausencia, coincide con la reciente reelección de Nicolás Maduro para el periodo 2025-2031, considerada fraudulenta por la oposición, que reconoce a Edmundo González Urrutia. como vencedor de las elecciones del 28 de julio.

La llamada «Ley Libertador Simón Bolívar» también castiga con penas similares a quienes participan en acciones armadas contra el Estado venezolano y sancionan a medios de comunicación que divulguen mensajes a favor de sanciones. Estos últimos podrían enfrentar multas millonarias, revocación de concesiones y restricciones a publicaciones en redes sociales. Organizaciones periodísticas han denunciado la creciente presión sobre los medios en Venezuela, donde los cierres de canales y emisoras han sido frecuentes durante 25 años de gobiernos chavistas.

Las sanciones de Estados Unidos

Esta ley surge en respuesta a una iniciativa del Congreso de Estados Unidos, denominada BOLÍVAR, que busca endurecer las sanciones contra el gobierno de Maduro. La propuesta estadounidense, que todavía requiere la aprobación del Senado y la firma presidencial, prohíbe establecer contratos con entidades vinculadas al régimen de Maduro o cualquier otro considerado ilegítimo por Washington. La reacción del gobierno venezolano ha sido enérgica, criticando el uso del nombre de Simón Bolívar en la legislación.

Las tensiones entre Caracas y Washington han aumentado, especialmente tras el reconocimiento de González Urrutia como presidente legítimo por parte de Estados Unidos. Este último se encuentra exiliado en España debido a una orden de captura en su contra. Aunque las sanciones estadounidenses habían sido parcialmente flexibilizadas para permitir operaciones de empresas como Chevron, la polémica reelección de Maduro podría dar paso a un nuevo endurecimiento de estas medidas, mientras se anticipa el posible regreso de Donald Trump al poder.

En un escenario de relaciones diplomáticas rotas desde 2019, la nueva normativa venezolana busca consolidar la narrativa gubernamental y criminalizar cualquier apoyo externo o interno a sanciones internacionales. Además, establece la posibilidad de expulsar del país a extranjeros involucrados y confiscar sus bienes, intensificando las medidas de control frente a las crecientes presiones internacionales.