Esto dice la carta que Laura Sarabia le envió a la Fiscalía
Se puso a disposición para colaborar en la investigación contra la campaña de Petro
En medio de las investigaciones por presuntas irregularidades en la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022, Laura Sarabia, directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), envió una carta a la Fiscalía General de la Nación expresando su disposición para rendir declaración bajo juramento.
En la misiva, fechada el 25 de noviembre de 2024, Sarabia afirmó que siempre ha priorizado comparecer ante los entes judiciales y de control para aclarar los hechos que se le requieran, manifestando además su compromiso de colaborar con la justicia. La directora señaló que su abogado ya está en contacto con la Fiscalía para coordinar la fecha de su declaración.
No es solo Laura Sarabia
Esta investigación también incluye a Armando Benedetti, exembajador ante la FAO, quien recientemente presentó su renuncia y deberá rendir testimonio ante las autoridades. Ambos casos se inscriben en un contexto de cuestionamientos por presuntas violaciones a los topes legales de gasto y recepción de aportes irregulares durante la campaña de Petro, lo que ha generado amplias repercusiones en la política nacional. Según el Consejo Nacional Electoral (CNE), la campaña habría omitido reportes de aportes significativos y registrado gastos por debajo de sus valores reales, lo que podría haber excedido los límites legales en más de 5.300 millones de pesos.
Petro se defiende
Entre las irregularidades detectadas destacan aportes no declarados de sindicatos como Fecode, que habría entregado 500 millones de pesos, y la Unión Sindical Obrera (USO), que aportó 121 millones en efectivo antes de la primera vuelta. También se descubrió que gastos como vuelos privados y el alquiler del Movistar Arena fueron reportados con cifras menores a las reales. En la segunda vuelta, se omitieron pagos a testigos electorales por 177 millones de pesos y otros gastos logísticos que superaron los 1.500 millones, además de aportes adicionales de la USO por 379 millones para alimentación y transporte.
El presidente Gustavo Petro ha rechazado categóricamente estas acusaciones, calificándolas como un intento de desestabilización política y asegurando que podrían tratarse de un «golpe de Estado». Asimismo, cuestionó la competencia del CNE para decidir sobre su investidura, señalando que esta tarea recae exclusivamente en el Congreso.
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