En este departamento grupos armados impiden a las personas reportar los homicidios
Han obligado a campesinos a hacer manifestaciones contra la fuerza pública
La Defensoría del Pueblo hizo un llamado a los grupos armados ilegales para que respeten los derechos de las personas y lo establecido en el Derecho Internacional Humanitario (DIH), tras conocer la crítica situación que se viene presentando en zona rural del municipio de Cáceres, Antioquia.
De acuerdo con la entidad, el Clan del Golfo, la guerrilla del ELN y las disidencias de las Farc se disputan metro a metro el control del territorio y sus acciones están afectando a quienes habitan esa zona.
Acciones de los grupos armados
Algunas de las acciones de estos grupos son la siembra de minas antipersona, los desplazamientos individuales, la restricción a la movilidad y la prohibición del ingreso de alimentos y combustibles.
Así mismo, la Defensoría les exigió no instrumentalizar a los campesinos, personas trabajadoras y humildes que se ven obligadas a realizar manifestaciones contra la fuerza pública, que ejerce su labor constitucional en la subregión del Bajo Cauca antioqueño. También rechaza de manera categórica el reclutamiento, uso y utilización de niñas, niños y adolescentes.
De la misma manera, repudia la modalidad de homicidio que viene siendo implementada por esas estructuras criminales, en la que no se permite a los parientes trasladar los cuerpos a los cascos urbanos, ni reportar su fallecimiento. Los obligan a enterrarlos en zonas rurales, lo que evita el registro del hecho criminal.
Esta subregión, la del Bajo Cauca antioqueño, es una de las zonas donde más se ha agudizado el conflicto armado en los últimos años, razón por la que la Defensoría llama a los entes nacionales y territoriales y a las fuerzas del orden, a brindarles las debidas condiciones de seguridad a todos los habitantes de Cáceres y sus alrededores.
La Defensoría del Pueblo les exige a estas organizaciones criminales no afectar a la población civil, respetar sus derechos a la vida, a la integridad, a la libre movilidad, a la alimentación; igualmente, sus derechos económicos y sociales.
Fuente: comunicado Defensoría
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