«Esa decisión es inconstitucional y un abierto prevaricato»: Duque tras orden de arresto
El sábado 4 de junio, el Tribunal Superior de Ibagué ordenó la detención domiciliaria del presidente Iván Duque, por haber incurrido en el delito de desacato a una orden de la Corte Suprema de Justicia, frente a la protección del Parque Natural Nacional de los Nevados.
La sentencia considera que el Gobierno nacional, encabezado por el jefe de Estado, no ha cumplido “con la creación de un Comando Especial de la Fuerza Pública para delitos ambientales en ese parque nacional”.
Al enterarse, el mandatario se pronunció al respecto y consideró que esta medida es inconstitucional.
«No deja de parecerme algo paradójico. Este Gobierno ha tenido cultura de conservación de la biodiversidad, porque somos el segundo país más biodiverso del planeta. Sabemos acatar las órdenes judiciales cuando nos dicen que hay que proteger ciertos ecosistemas de Colombia. Como presidente, y con mis funcionarios, hemos ido trabajando para darle cumplimiento a la protección del Parque de Los Nevados», aseguró Duque.
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Agrego que “hoy hemos visto un acto que, primero es inexplicable porque quiere pasar por encima del fuero constitucional donde, supuestamente se ordena el arresto del presidente de la República dizque por no cumplir esa sentencia. Esa sentencia está más que cumplida y los reportes están“.
Asimismo, el jefe de estado dijo que «la decisión no es solamente inconstitucional, sino que no está en firme. Es un abierto prevaricato. Esperamos que el Consejo de Disciplina Judicial y el Ministerio Público actúen. Porque si hay algo de lo que me siento orgulloso es de proteger los ecosistemas de Colombia y su biodiversidad, en los foros nacionales e internacionales. Y no dejaremos de hacerlo».
Al final, concluyó que «estaremos siempre listos y prestos a responder a todos los llamados, pero siempre dentro del orden constitucional. Estas decisiones, que además violan la Constitución, esperamos que sean observadas por todas las instancias, para que quede absolutamente claro y se pueda saber cuál era el verdadero sentido de una decisión política, sin soporte jurídico».
La orden judicial también habla de imponer una multa de quince salarios mínimos legales mensuales vigentes al mandatario; con la claridad precisamente de que se mantendría en firme, «a menos que antes se acredite el cumplimiento de la orden tenida como cumplida».
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