Petro firmó ley para acceder a matrículas gratis en universidades públicas; así puede beneficiarse
Recientemente se dio un paso importante hacia la democratización de la educación en el país con la firma del Decreto de Gratuidad en la Educación Superior por parte del presidente Gustavo Petro.
El Decreto 1907 de 2023, firmado por el mandatario, establece la gratuidad del 100% en la matrícula de programas de formación técnica profesional, tecnológica y profesional universitaria en instituciones de educación superior públicas. Esto significa que los estudiantes matriculados en estas instituciones, incluidos los hijos de familias más vulnerables, podrán acceder a la educación de forma gratuita.
El objetivo principal de este decreto es eliminar las barreras económicas que impiden el acceso y la permanencia de los jóvenes en las universidades públicas del país. Para lograrlo, se asignarán recursos por 2.1 billones de pesos para el año 2024, y se incrementarán hasta llegar a 9.2 billones de pesos al finalizar el cuatrienio en 2026. Estos recursos serán garantizados por el Gobierno Nacional a través del Presupuesto General de la Nación.
¿Quiénes podrán acceder a este beneficio?
Para acceder al beneficio de la gratuidad en la matrícula, los estudiantes deberán cumplir con ciertos requisitos. De acuerdo con el proyecto de decreto, deberán estar registrados en el Sistema Nacional de Información de Educación Superior (SNIES) y matriculados en un programa académico de pregrado en una institución de educación superior pública. Además, no deben tener título universitario y se priorizará a las personas que se encuentren en el registro de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.
El Ministerio de Educación será el encargado de establecer los criterios para la priorización y adjudicación del beneficio de sostenimiento, teniendo en cuenta la vulnerabilidad socioeconómica de los estudiantes y buscando cerrar las brechas poblacionales y territoriales.
Instituciones de Educación Superior beneficiadas
El Decreto de Gratuidad en la Educación Superior contempla que las siguientes instituciones de educación superior públicas ofrecerán la política de gratuidad en sus programas de pregrado:
- Universidad de Antioquia
- Universidad del Atlántico
- Universidad Militar Nueva Granada
- Universidad de Caldas
- Universidad del Cauca
- Universidad Nacional Abierta y a Distancia
- Universidad de Cartagena
- Universidad del Magdalena
- Universidad Nacional de Colombia
- Universidad de Córdoba
- Universidad del Pacífico
- Universidad Pedagógica Nacional
- Universidad de Cundinamarca
- Universidad del Quindío
- Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia
- Universidad de la Amazonía
- Universidad del Tolima
- Universidad Popular del Cesar
- Universidad de la Guajira
- Universidad del Valle
- Universidad Surcolombiana
- Universidad de los Llanos
- Universidad Distrital Francisco José de Caldas
- Universidad Tecnológica de Pereira
- Universidad de Nariño
- Universidad Francisco de Paula Santander – Principal Cúcuta
- Universidad Tecnológica del Chocó Diego Luis Córdoba
- Universidad de Pamplona
- Universidad Francisco de Paula Santander – Seccional Ocaña
- Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca
- Universidad de Sucre
- Universidad Industrial de Santander (UIS)
- Universidad Internacional del Trópico Americano (Unitrópico)
- Universidad Autónoma Indígena Intercultural
Es importante destacar que esta lista está sujeta a posibles modificaciones y se espera que más instituciones se sumen a la política de gratuidad en el futuro.
Beneficios y desafíos de la Ley de Gratuidad en la Educación Superior
La Ley de Gratuidad en la Educación Superior representa un avance significativo hacia la democratización de la educación en Colombia. Al eliminar los costos de matrícula, se amplía el acceso a la educación para todos los jóvenes, independientemente de su situación económica.
Sin embargo, esta ley también plantea desafíos. Es necesario garantizar la sostenibilidad y la calidad de la educación ofrecida en las instituciones públicas. Además, se deben establecer mecanismos efectivos de focalización y selección de los estudiantes beneficiados, para asegurar que los recursos lleguen a aquellos que realmente lo necesitan.
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