Alcaldes que gobiernan desde fuera, deben retornar a sus municipios: Procuraduría dio la orden
12 alcaldes, de 7 departamentos, despachan afuera de sus municipios
El mes pasado, la Defensoría del Pueblo dio a conocer que, servidores públicos como alcaldes y concejales, principalmente vienen siendo blanco de intimidaciones realizadas por organizaciones ilegales.
Al menos, 12 alcaldes, en siete departamentos, están despachando afuera de sus municipios, y todo porque fueron amenazados por grupos armados al margen de la ley.
Ante esta situación, la Procuraduría General de la Nación le solicitó al Ministerio del Interior brindar todas las garantías necesarias a estos alcaldes.
El ente de control le pidió de manera urgente a esta cartera, un reporte detallado sobre las acciones adelantadas y las que se tienen dispuestas para abordar esta problemática; el plan de acción con las medidas específicas que se implementarán para garantizar la seguridad de los funcionarios amenazados y el mecanismo de interacción con las gobernaciones, alcaldías y otras entidades, con el objetivo de lograr una respuesta integral y efectiva frente a esta situación.
También recordó que el pasado 10 de junio puso en conocimiento de MinInterior, el informe en materia de seguridad y convivencia ciudadana, en el cual se evidenció la necesidad de coordinar con las autoridades territoriales y las entidades del nivel nacional, para implementar un plan de acción integral de atención que contemple estrategias de seguridad, fortalecimiento institucional y coordinación interinstitucional para hacer frente a la grave situación que enfrentan los funcionarios públicos y las comunidades en riesgo.
Alcaldes amenazados
La Procuraduría se unió al llamado de la Defensoría donde alertó que los alcaldes de Puerto Guzmán (Putumayo), Cartagena del Chairá (Caquetá), Magüí Payán (Nariño), Bagadó, Sipí, Río Iró y San José del Palmar (Chocó), El Bagre y Tarazá (Antioquia), Villeta (Cundinamarca) y Tibú y La Playa (Norte de Santander), quienes despachan desde otras jurisdicciones, “han tenido que desplazarse de los pueblos donde adelantan sus labores. Caso similar ocurre con diputados en algunos de esos departamentos”.
“Es indispensable que se tomen, de forma prioritaria, medidas concretas de protección y presencia institucional en aquellos municipios donde las condiciones de seguridad no permiten que los funcionarios desempeñen sus labores con el fin de garantizar la gobernanza y gobernabilidad territorial”, concluye la entidad.
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