¿Por qué hay más de 10 alcaldes ejerciendo sus funciones fuera de sus municipios?
“Es urgente adoptar medidas de protección y fortalecer la presencia institucional”
De acuerdo con un informe realizado por la Defensoría del Pueblo, servidores públicos, como alcaldes y concejales, principalmente, que vienen siendo blanco de intimidaciones realizadas por organizaciones ilegales.
“La exacerbación del conflicto armado en el país ha generado un panorama preocupante para la Defensoría del Pueblo. Un reporte elaborado con información de todas las regionales de la Entidad da cuenta de cómo en época preelectoral no solo las comunidades en las regiones se han visto afectadas, también servidores públicos…”, se lee en el comunicado.
Al menos, 12 alcaldes, en siete departamentos, están despachando afuera de sus municipios, y todo porque fueron amenazados por grupos armados al margen de la ley.
El alcalde de Puerto Guzmán (Putumayo) debe ejercer sus funciones desde otra ciudad. Lo mismo ocurre con los mandatarios de Cartagena del Chairá (Caquetá), Magüí Payán (Nariño), Bagadó, Sipí, Río Iró y San José del Palmar (Chocó), El Bagre y Tarazá (Antioquia), Villeta (Cundinamarca) y Tibú y La Playa (Norte de Santander), quienes despachan desde otras jurisdicciones.
“Es urgente adoptar medidas de protección y fortalecer la presencia institucional, especialmente en aquellos municipios donde hoy no existen las condiciones de seguridad para que los funcionarios puedan desempeñar sus labores, ni para la libre defensa de los derechos humanos”, fue el llamado del Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis al Gobierno Nacional y a los entes departamentales.
No solo amenazan a los alcaldes
Otros funcionarios, también debido a amenazas de actores armados, han tenido que desplazarse de los pueblos donde adelantan sus labores. Concejales, personeros municipales, corregidores y presidentes de Juntas de Acción Comunal han tenido que salir de sus municipios en los departamentos de Amazonas, Arauca, Bolívar, Boyacá, Caquetá, Casanare, Cauca, Cesar, Guaviare, Norte de Santander, Santander y Tolima. Caso similar ocurre con diputados en algunos de esos departamentos.
“Los derechos a la integridad, a la vida, a la libre movilidad y al trabajo deben ser garantizados para los servidores públicos que en este momento son objeto de intimidaciones. La presión de los grupos ilegales, cuando el país está en ambiente de elecciones locales, no puede imponerse bajo la amenaza de las armas”, agregó Camargo Assis.
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