ONG asegura que 160 presos han fallecido bajo el régimen de Bukele
Cristosal, una ONG creada por los obispos anglicanos Justo Martin Barahona y Richard Bower que surgió con el propósito de establecer vínculos y fomentar el intercambio de recursos entre personas e iglesias de América del Norte y la iglesia anglicana de El Salvador, recientemente lanzó el informe “Un año bajo el régimen de excepción: una medida permanente de represión y de violaciones a los derechos humanos”.
De acuerdo con el informe, el uso constante del régimen de excepción es una forma continua de opresión, debido a la falta de políticas integrales de seguridad. Asimismo, dice que esta medida “no ha sido temporal y excepcional conforme al marco constitucional, sino un mecanismo permanente de represión y violación a derechos constitucionales que constituye, en la práctica, la única herramienta o estrategia del Gobierno del presidente Nayib Bukele, ante la evidente ausencia de políticas integrales de seguridad”.
Afirma también que la estrategia de seguridad del Gobierno actual no incluye la prevención, la atención a las víctimas, la resocialización y la rehabilitación.
Aunque en la fase II del Plan Control Territorial se menciona la Prevención Social, no existen documentos que detallen sus contenidos, enfoque, acciones y metas en esta área, ni se ha asignado un presupuesto significativo para su ejecución.
Populismo punitivo
También se menciona que el estado de emergencia forma parte de una táctica de populismo punitivo y propaganda del gobierno, que se distingue por su falta de transparencia, y que junto con numerosas detenciones injustificadas, el Gobierno ha empleado un discurso de firmeza, resumido en la consigna de «guerra contra las pandillas», con el objetivo de influir en la percepción pública. Esto implica el uso del sistema penal como herramienta contra un supuesto «enemigo interno».
“Para desarrollar esa estrategia, el Gobierno ha recurrido a la opacidad en sus negociaciones con pandillas, en las cifras estadísticas de homicidios y otros delitos, en las muertes bajo custodia del Estado, en la construcción del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) y cualquier información que permita a la ciudadanía contrastar el discurso oficial con la realidad. Esto ha supuesto también el ataque contra la prensa y organizaciones de derechos humanos para evitar contrastar la información”, dice el informe.
Asimismo, existe una advertencia acerca del número de fallecimientos de individuos que han ocurrido debido a actos de violencia, negación de atención médica y malnutrición, mientras estaban bajo la supervisión gubernamental.
“Existe evidencia sobre decenas de personas detenidas bajo el régimen de excepción que han muerto a causa de torturas o lesiones gravísimas infligidas mientras estaban bajo custodia del Estado”, manifiesta el documento. El Instituto de Medicina Legal o imágenes han registrado diversos casos de asfixia, fracturas, múltiples contusiones, cortes e incluso lesiones penetrantes en los cuerpos sin vida.
Aproximadamente la mitad de los individuos que perdieron la vida en instalaciones penitenciarias bajo condiciones excepcionales fueron sujetos de fallecimientos confirmados como violentos, posibles muertes violentas o muertes sospechosas relacionadas con delitos.
Alrededor del 20% de estos fallecimientos ocurrieron debido a condiciones médicas que mostraban una negligencia intencional al proporcionarles atención médica, medicamentos e incluso alimentos, a pesar de que muchas de estas personas habían documentado su condición de enfermedad crónica. En cinco de los casos, la causa oficial de muerte fue la desnutrición y la anemia grave. Ninguna de estas personas había sido condenada por ningún delito en un juicio.
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