«Al presidente no se le puede acorralar»: Petro al Consejo de Estado
Petro defendió su actuación y cuestionó que se le quiera coartar en sus decisiones. Alegó que su discurso fue conforme a la ley de seguridad y que su libertad de expresión
El Consejo de Estado admitió una tutela presentada por el ciudadano Stefan Bravo Martínez, representante de la veeduría ciudadana Antioqueños por Colombia, en la que se argumenta que el presidente Gustavo Petro vulneró derechos fundamentales al revelar información confidencial en una alocución pública.
En esa intervención, el mandatario expuso detalles sobre la supuesta compra del software de espionaje Pegasus por el gobierno de Iván Duque, involucrando una transacción de 11 millones de dólares hacia un banco en Israel. Según Petro, este sistema habría sido usado para interceptar comunicaciones de la oposición durante la campaña presidencial de 2022 y durante las protestas del paro nacional de 2021.
Dieron un plazo a Petro
El Consejo de Estado, en su Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, pidió a Petro que responda en un plazo de dos días sobre los hechos mencionados en la tutela. También vinculó a la Fiscalía General de la Nación y al Ministerio de Defensa como terceros con interés en el proceso, ya que se les invita a intervenir si lo consideran necesario. La tutela argumenta que se afectaron derechos como la libertad de expresión y el derecho a recibir información veraz.
Por su parte, Petro defendió su actuación y cuestionó que se le quiera coartar en sus decisiones. Alegó que su discurso fue conforme a la ley de seguridad y que su libertad de expresión, como presidente, es inherente a la democracia. En sus declaraciones, también cuestionó cómo fue posible que una suma tan alta de dinero saliera de Colombia en efectivo para la supuesta compra del software, pidiendo que se investigue a fondo el caso.
El Consejo de Estado señaló que hasta el momento no hay pruebas concluyentes que respalden las afirmaciones de Petro sobre el uso del programa Pegasus, lo cual ha sido ratificado por la fiscal general, Luz Adriana Camargo, el ministro de Defensa y el director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).
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