Condenan a exmilitar norteamericano por explotación de menores en Medellín
Sometía a menores de edad a delitos de índole sexual
El alcalde de Medellín, Federico ‘Fico’ Gutiérrez, ha puesto en el centro de su agenda la lucha contra los delitos sexuales cometidos por extranjeros, tras una serie de incidentes alarmantes.
Un caso destacado es el del exmilitar estadounidense Dominick Divencenzo, quien fue capturado el 1 de marzo en el barrio La Floresta por la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá. Divencenzo fue encontrado en un apartamento con varias menores de edad y ha sido condenado a 15 años y seis meses de prisión por crímenes sexuales contra jóvenes de 15, 16 y 17 años.
Acabar con la explotación sexual en Medellín
Gutiérrez expresó su satisfacción por la condena, destacando que su administración no permitirá que Medellín se convierta en una ciudad sin leyes y reiterando que los turistas deben respetar las normativas locales. El caso de Divencenzo ha suscitado críticas hacia las autoridades debido a que se descubrió que el exmilitar ingresaba y salía de Colombia desde 2021, buscando contactar a menores a quienes ofrecía entre $250.000 y $300.000 por relaciones sexuales, además de regalos para evitar denuncias.
Investigaciones revelaron que desde septiembre de 2023, las autoridades tenían indicios del accionar de Divencenzo, pero su captura se demoró por razones aún no aclaradas. Los residentes de La Floresta habían presentado hasta 30 denuncias telefónicas contra él, reportando que organizaba fiestas con jóvenes que parecían menores. Sin embargo, la Policía no solicitó documentos de las mujeres acompañantes ni sancionó al estadounidense en esos incidentes.
A pesar de la condena, el alcalde Gutiérrez ha expresado preocupación por la reciente liberación de uno de tres turistas capturados en un operativo relacionado con crímenes sexuales. El mandatario cuestionó las herramientas disponibles para combatir estos delitos y pidió que no se libere a los extranjeros capturados en flagrancia.
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar también ha criticado la liberación, señalando que sin decisiones judiciales firmes no se podrán abordar los más de 130 procesos administrativos relacionados con la explotación sexual infantil en Medellín, San Andrés y Cartagena.
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